La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el miércoles a El Salvador que restablezca los derechos y garantías constitucionales que llevan un año suspendidos por la renovación consecutiva del régimen de excepción, que se extendió ayer por decimotercera vez.
El estado de excepción se declaró inicialmente el 27 de marzo de 2022 y se ha ido prorrogando mes a mes por más de un año, como estrategia del gobierno del presidente Nayib Bukele de aplicar una política de mano dura contra la inseguridad.
La CIDH urgió al Estado salvadoreño a respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para prevenir y combatir la criminalidad, y advirtió que la Convención Americana autoriza la suspensión de ciertos derechos y libertades de forma excepcional “en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación”.
Aunque el artículo 27.1 de la CADH permite a los Estados recurrir a esa medida “en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte”, los gobernantes no gozan de poderes absolutos para establecer las medidas restrictivas, como es el caso de Bukele, que mantiene una mayoría en el Legislativo y tiene el poder Judicial a su favor.
En paralelo, el Congreso salvadoreño aprobó, a pedido de Bukele, una nueva prórroga del régimen de excepción con los votos de 67 de los 84 diputados de la cámara. Siete diputados opositores se abstuvieron, seis votaron en contra y cuatro no asistieron a la sesión.
El Salvador mantiene suspendidos el derecho de las personas detenidas a ser informadas de manera inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, así como el derecho a no ser obligado a declarar y de contar con la asistencia de un abogado defensor en las diligencias de los organismos auxiliares de la administración de justicia y en los procesos judiciales, según la CIDH.
El organismo cuestionó en un comunicado de prensa que en El Salvador se haya ampliado de 72 horas a 15 días el plazo máximo de detención y que se permita a las autoridades intervenir la correspondencia. Advirtió de las consecuencias de las intervenciones ilegales en las telecomunicaciones.La situación en el país centroamericano ha sido cuestionada y criticada por organizaciones de derechos humanos que señalan abusos.
Según cifras oficiales, más de 67.000 presuntos pandilleros o colaboradores han sido capturados en este tiempo, de los cuales más del 90% tiene detención provisional decretada por un juez, la mayoría por delito de agrupaciones ilícitas.
Pero también más de 3700 personas han sido liberadas debido a que nunca se pudo establecer un verdadero vínculo con estas estructuras criminales, por lo que los organismos de derechos humanos sostienen que el número de inocentes detenidos arbitrariamente debe ser aún mayor.
La CIDH también expresó su preocupación respecto a las múltiples denuncias de abuso e irregularidades de las detenciones y diligencias judiciales efectuadas, así como sobre violaciones a los derechos de las personas detenidas. Instó además al Estado a asegurar las garantías y la protección judiciales, así como el trato digno de toda persona bajo custodia estatal.
Entre las denuncias al régimen, está que al menos 100 personas detenidas durante el régimen de excepción murieron en custodia del Estado, presuntamente, de forma arbitraria, según los señalamientos.
Una investigación realizada por cinco organizaciones, entre ellas Cristosal y Human Rights Watch, sostuvo la existencia de presuntas fosas clandestinas en cárceles, según relevó el medio El Salvador.
Pese a todo, el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, resaltó el éxito en la disminución de los homicidios y reiteró que el régimen de excepción continuará hasta capturar al “ultimo pandillero”. Defendió que “esta medida de seguridad ha contribuido a la transformación del país” y que “los homicidios se han reducido grandemente”.
Agregó que “solo en este mes de abril llevamos una reducción de 50% de los homicidios comparado con el mismo mes del año pasado” e insistió en que “definitivamente era la ruta, era el camino que teníamos que seguir”.
*Agencias AFP y AP