La periodista y aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios y tres extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) fueron beneficiados con medidas cautelares, informó este lunes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El organismo, detalló que el 24 de junio emitió una resolución mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Chamorro Barrios y de Walter Antonio Gómez Silva, Marcos Antonio Fletes Casco y Lourdes Arróliga, estos tres últimos extrabajadores de la extinta FVBCH.
“A raíz de la posible candidatura de Cristiana María Chamorro Barrios a la presidencia de la República, ella y las otras tres personas beneficiarias son perseguidas y hostigadas, incluso encontrándose privados de libertad sin que se conozcan sus ubicaciones y condiciones de detención. Al respecto, la CIDH consideró que la situación reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH”, argumentó el organismo.
Las medidas cautelares fueron solicitadas por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENDIH).
Sobre Chamorro, la CIDH indicó que por su posible candidatura a la presidencia de la República, habría empezado a ser objeto de “campañas de desprestigio en redes sociales, incluyendo amenazas por parte de terceros”.
De Walter Antonio Gómez Silva y Marcos Antonio Fletes Casco, manifestó que fueron detenidos en el marco de una investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro “sin que el Estado haya brindado información sobre su lugar de detención, ni permitido contacto alguno con sus familiares o abogados hasta la fecha de envío de la última información”.
En cuanto a Lourdes Arróliga, la Comisión concluyó que también podría hallarse en una “situación de riesgo”, pues, está en un contexto similar al del resto de las personas beneficiarias, siendo vigilada en su casa y lugar de trabajo por patrullas de la policía, y habría recibido amenazas recientemente.
“El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen un prejuzgamiento a una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables”, apuntó la CIDH.