Nacionales · 15/07/2021

CIDH otorga medidas cautelares a los periodistas Wilih Narváez y Alberto Miranda

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los periodistas nicaragüenses Wilih Narváez y Alberto Miranda, tras considerar que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua”.

Mediante una nota de prensa, la CIDH advirtió que ambos periodistas “están recibiendo amenazas, hostigamientos y vigilancia” por parte de las autoridades estatales y particulares por su labor.

La CIDH indicó que Narváez –quien era entrevistador y reportero del Canal 10 y ahora es parte del equipo de la plataforma Divergentes– afronta amenazas desde 2018 en redes sociales, así como agresiones por parte de policías, actos de hostigamiento de terceros afines al régimen orteguista, y amenazas de muerte en contra de él y su familia.

Por su parte, Miranda, vinculado a la plataforma Literal, ha sido blanco de amenazas de muerte desde 2018 a través de las redes sociales, de una agresión con una pistola eléctrica presuntamente bajo órdenes de un agente policial en septiembre de 2019 y de hostigamiento y agresiones por parte de policías el 15 de abril y el 2 de junio de 2021, detalló el organismo interamericano.

En ese contexto, la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua adoptar “las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” de los periodistas, asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de los beneficiarios y “proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros”.

Además, que adopte las medidas para que ambos “puedan desarrollar sus actividades como periodistas independientes sin ser objeto de actos de violencia, intimidación, hostigamientos y/u otros hechos de violencia en el ejercicio de sus labores”. Las acciones deberán ser coordinadas con los beneficiados y notificadas a la Comisión.

Asimismo, observó el hecho de que, pese a las denuncias interpuestas por los afectados, “el Estado no ha desarrollado investigaciones pertinentes ni brindado ninguna medida de protección” a favor de ellos.