CIDH otorga medidas cautelares a los presos políticos Manuel Urbina Lara y Benjamín Gutiérrez Collado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este miércoles que otorgó medidas cautelares a los presos políticos nicaragüenses José Manuel Urbina Lara y Benjamín Ernesto Gutiérrez Collado y a sus respectivos núcleos familiares, al considerar que se encuentran en una “situación de riesgo debido a que están privados de libertad en severas condiciones de detención y sin atención a salud”.

Las solicitudes de medidas cautelares fueron presentadas por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), en el caso de Urbina Lara; y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en el caso de Gutiérrez Collado.

Según las organizaciones solicitantes, los propuestos beneficiarios, quienes son identificados o percibidos como como opositores al actual gobierno nicaragüense, se encuentran en una situación de riesgo debido a que están privados de libertad en severas condiciones de detención y sin atención a salud”, apuntó la CIDH.

El organismo regional señaló que el Estado de Nicaragua no ha aportado información en el caso del abogado Urbina Lara; y sí lo hizo en el caso de Gutiérrez Collado, pero, para acusar a la CIDH de “impertinencia” y de “continuar con su campaña manipuladora”.

El Estado manifestó que la intención de la presente solicitud sería evitar que el señor Benjamín Ernesto Gutiérrez Collado cumpla la condena impuesta por los tribunales competentes, por haber trasgredido las leyes ante la comisión de delitos relacionados con droga y portación de armas. En ese sentido, se indicó que el propuesto beneficiario no se encuentra en situación de riesgo”, fue la respuesta del régimen a la Comisión.

Al respecto, y tras analizar las alegaciones “de hecho y de derecho” aportadas por las partes, la Comisión consideró que la información presentada demuestra “prima facie que los propuestos beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable”.

Por consiguiente, solicita al Estado de Nicaragua que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas propuestas como beneficiarias, que asegure que las condiciones de detención de los propuestos beneficiarios sean compatibles con los estándares internacionales aplicables y que reciban acceso a atención médica necesaria y adecuada; que concierte las medidas a adoptarse con las personas propuestas como beneficiarias y sus representantes; e informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.

MANUEL URBINA LARA

El propuesto beneficiario es un abogado penalista históricamente identificado como opositor al gobierno actual nicaragüense que se encuentra privado de su libertad en el Sistema Penitencio de Waswalí y estaría siendo sometido a malos tratos por parte de las autoridades penitenciarias”, señaló la CIDH.

El organismo apunta que a Urbina Lara no le han permitido recibir visitas de sus familiares ni de su abogado debido a su perfil como persona opositora.

Cabe recordar, que el abogado fue acusado de “homicidio imprudente” en enero de 2021, luego de verse involucrado en un accidente de tránsito en el que falleció el ciudadano Jorge Rizo, a quien le dio “raid” y viajaba en la tina de su camioneta.

El Ministerio Público actuó de manera presuntamente arbitraria porque se le negó la posibilidad de mediación, aunque las víctimas – las y los familiares de la persona fallecida – manifestaron públicamente su libre consentimiento de llegar a una mediación”, reseña la CIDH.

Añadió que “la ley fue aplicada de manera discriminatoria al propuesto beneficiario, sin la concesión de ningún tipo de acuerdo o mediación. El 8 de marzo, el señor Urbina Lara fue condenado a 4 años de cárcel por el delito de homicidio imprudente”.

Según informaciones de otros presos a las y los familiares del propuesto beneficiario, su estado psicológico ha desmejorado gravemente, él duerme en una loseta de concreto, hace sus necesidades fisiológicas en un hoyo y carece de una alimentación sana. El propuesto beneficiario sufre de hipertensión arterial, pero no permiten que sus familiares ingresen su medicina. También ha estado con fiebres altas y gripes sin recibir atención médica adecuada en la cárcel. En ese sentido, sus familiares informaron que el 15 y el 25 de junio sufrió crisis de presión baja e hipoglucemia. Según el testimonio de su hijo, el propuesto beneficiario se encuentra en pésimas condiciones de salud, sin que le suministren el tratamiento adecuado en el puesto médico. Los solicitantes mencionaron que el propuesto beneficiario informó que hay muchos casos positivos de COVID-19 y tuberculosis en el Centro Penitenciaria de Waswalí”, agregó.

BENJAMÍN ERNESTO GUTIÉRREZ COLLADO

Benjamín Ernesto, un exconcejal sandinista de Masaya, fue detenido arbitrariamente en enero de 2021, sufriendo además de la privación de su libertad, “actos de amenazas, violencia en la cárcel y no ha recibido atención médica necesaria por lo que su salud se ha deteriorado gravemente”.

Las violaciones a los derechos humanos de Benjamín Ernesto iniciaron luego de las protestas de abril 2018 cuando él junto a su esposa Noelia Cano Espinoza eran concejal y concejal suplente respectivamente, en la Alcaldía de Masaya, por el Partido de Resistencia Nicaragüense (PRN), el cual es aliado del FSLN. En la resolución se recoge que la directiva del PRN ordenó que realizaran “contramarchas”, dirigieran ataques y amenazaran contra opositores, lo cual se negaron a cumplir A raíz de las negativas la familia Gutiérrez Cano fue relegada de las actividades partidarias y despojados de sus cargos, señaló el Colectivo.

“Además, dos familiares de Benjamín fueron asesinados en el contexto de las protestas por lo que el presidente del PRN les prohibió asistir a los entierros por ser “en contra de la Alianza”. Empezaron a recibir amenazas de muerte y cárcel por llamadas y mensajes, por ello su esposa abandonó la vivienda con sus hijos y actualmente se encuentran en el exilio”, agregó.

Gutiérrez Collado ya había sido detenido en septiembre de 2018, acusado por los falsos delitos de “terrorismo, robo agravado, daño agravado, tenencia y uso de armas restringidas, y secuestro simple”; fue liberado en junio bajo la polémica Ley de Amnistía.

Sin embargo, el 13 de enero de 2021, fue nuevamente detenido y golpeado por agentes policiales que irrumpieron en la casa donde estaba bajo resguardo y lo llevaron a la Dirección de Auxilio Judicial (“El Chipote”) donde sufrió fuertes golpizas sin que un médico lo revisara.

El 15 de marzo de 2021, fue condenado a 14 años y 11 meses de prisión sin acceso a un debido proceso legal y enviado el Centro Penitenciario Jorge Navarro, sin recibir atención médica a la fecha.

Según familiares, Benjamín en la cárcel ha sufrido torturas y agresiones por parte de custodios, de otros reos comunes, alentados por agentes penitenciarios.

El Colectivo demandó al Estado de Nicaragua “el cumplimiento de las referidas medidas a favor de Benjamín Ernesto para que se respete su vida, integridad personal y libertad individual e igualmente sus derechos humanos”.

Exigimos al Estado de Nicaragua cese de la represión contra la ciudadanía que reclama el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición, y la inmediata libertad de todas las personas presas políticas”, concluyó.

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