La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a los padres del bebé de 14 meses Teyler Lorío que fue asesinado en 2018, en un ataque armado de fuerzas combinadas de la Policía Orteguista en el marco de las protestas que estallaron en abril de ese año.
La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Nelson Gabriel Lorío Sandoval y su núcleo familiar por considerar que estarían en situación de riesgo por su búsqueda de justicia en el alegado asesinato por policías y paramilitares de su hijo, indicó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en una declaración.
Las medidas cautelares de protección a favor de Lorío, Karina Alejandra Navarrete Sánchez, su hija J.M.L.N. y su sobrino Ángel Gabriel Umaña Navarrete, fueron emitidas por la CIDH a través de una resolución el pasado 19 de marzo.
“La Comisión tomó en cuenta el contexto actual por el que atraviesa el Estado de Nicaragua, constatado y monitoreado por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, así como por la especial situación de exposición en la que se encontrarían las personas que se han manifestado en contra de las acciones de represión del actual Gobierno”, explicó ese organismo autónomo de la OEA.
SON VIGILADOS Y ACOSADOS
Según la CIDH, “se observó que las personas beneficiarias habrían adquirido gran visibilidad en su búsqueda por justicia” por el asesinato del niño, “señalando públicamente como responsables a agentes estatales”.
Las beneficiarias serían blancos de seguimientos y hostigamiento desde 2018, indicando que agentes del Estado “vigilarían y acosarían” a Lorío y su núcleo familiar “a diario” en su domicilio, incluyendo la toma de fotos frente su residencia, así como “de cada una de sus actividades diarias”, según la solicitud.
La CIDH solicitó, por tanto, al Estado de Nicaragua adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de Lorío y su núcleo familiar.
“En particular, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten los derechos de las personas beneficiarias de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros”, instó.
Los padres del bebé asesinado, que se exiliaron durante un año en Costa Rica, regresaron a Nicaragua en octubre de 2019 para demandar justicia.
El 23 de junio de 2018, el bebé fue alcanzado por una bala en medio de un ataque de las fuerzas combinadas del régimen, integrada por policías y civiles armados, en los barrios del este de Managua.
*Con EFE