La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este miércoles que otorgó medidas cautelares de protección a favor de la periodista caribeña Georgina Vargas, corresponsal de Canal 10, por considerar que afronta “una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos” en Nicaragua.
“Según la solicitud, la beneficiaria, quien se desempeña como corresponsal de Canal 10 de televisión en la Región Autónoma Costa Caribe Norte de Nicaragua, se encuentra en una situación de riesgo debido a que está sufriendo actos de hostigamiento, amenazas y represión por parte de autoridades estatales y particulares a raíz de su labor periodística”, indicó la CIDH a través de un comunicado.
La Comisión señaló que recibió información del Estado, en respuesta a su solicitud, sobre “la existencia de numerosos medios de comunicación en el país que tendrían posturas contrarias a las políticas estatales, así como que no existiría censura previa a los medios de comunicación o persecución a personas periodistas”.
No obstante, la CIDH subrayó que, más allá de afirmar su reconocimiento al derecho a la libertad de expresión e indicar que Georgina Roxana Vargas Clarens no se encuentra en ninguna situación de riesgo que ponga en peligro su vida e integridad, “el Estado no aportó mayores elementos para desvirtuar los eventos de riesgo alegados por la parte solicitante desde el estándar prima facie aplicable”.
En la resolución, la Comisión tomó en cuenta el contexto represivo hacia la actividad periodística independiente en Nicaragua, así como la situación de riesgo acentuada que enfrenta Georgina como mujer periodista.
“Así, tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por las partes, se considera que la información presentada demuestra prima facie que la beneficiaria se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable”, apuntó la Comisión.
Por ello, solicitó al régimen orteguista que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Georgina Roxana Vargas Clarens.
“A tales efectos, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de la beneficiaria, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos”, indicó.
Asimismo, que adopte las medidas necesarias para que Vargas Clarens pueda desarrollar sus actividades como periodista independiente sin ser objeto de actos de violencia, amenazas, hostigamiento o intimidación en el ejercicio de sus labores.