La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la aprobación de la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, y la Autodeterminación para la Paz” y urgió al Estado de Nicaragua a derogarla.
En un comunicado de prensa publicado el miércoles, la CIDH apuntó que la legislación tendría por efecto prohibir que puedan optar a cargos de elección popular las y los nicaragüenses que, a juicio del régimen orteguista “encabecen o financien un golpe de estado”, “fomenten actos terroristas”, “inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, “se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, “exalten y aplaudan sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”, entre otros.
“La CIDH urge al Estado de Nicaragua a derogar esta norma y a tomar medidas urgentes para restablecer el orden constitucional, recuperar las garantías propias de un régimen democrático y evitar la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el país”, demandó el organismo.
La Comisión recordó al Estado de Nicaragua que, de conformidad con el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), “todas las y los ciudadanos deben gozar del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos; a votar y a ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores; y a acceder a las funciones públicas de su país. Dichos derechos además deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad. En este sentido, preocupa a la Comisión que la ley aprobada limitaría desproporcionadamente los derechos políticos consagrados en la Convención Americana”.
La ley orteguista en mención entró en vigor el pasado 22 de diciembre. La Organización de los Estados Americanos (OEA) también ha llamado al régimen de Ortega a derogarla; sin embargo, no hay respuesta.
La CIDH expresó especial preocupación porque “en las hipótesis de privación del derecho de optar a cargos de elección popular previstas en la iniciativa”, se encuentren calificaciones amplias sin que se precisen procedimientos, ni autoridades competentes para su determinación, lo que deriva en “un grave riesgo de aplicación discrecional y arbitraria de las disposiciones contenidas en la ley, lo que, a su vez, vulneraría los derechos políticos de las personas opositoras al actual Gobierno”.