La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes su preocupación por la “grave situación de salud” de las 14 mujeres presas políticas en Nicaragua.
En ese sentido, la CIDH demandó al Estado a “proveer asistencia médica especializada y urgente, y tomar las medidas necesarias para garantizar su salud e integridad tomando en consideración su condición de género y edad”.
El organismo sostuvo que recibió información sobre la “grave situación de salud de las mujeres privadas de la libertad en el contexto de la crisis, debido a la falta de acceso a servicios de salud especializados y oportunos, deplorables condiciones de detención y represalias en su contra por ser identificadas como opositoras al gobierno actual”.
La CIDH recibió información “preocupante sobre el grave deterioro de la salud” de Eveling Pinto, de 63 años, quien no recibiría la atención médica especializada para las diferentes enfermedades crónicas que padece.
Asimismo, sostuvo que la activista María Esperanza Sánchez, beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH, permanecería desde hace más de cinco días internada en la clínica de dicho centro de detención, “en estado grave, sin recibir atención médica especializada, ni medicamentos adecuados”.
Por su parte, Nidia Barbosa, de 66 años, habría sido trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Amistad Japón en Granada y sus familiares desconocerían su estado actual de salud.
Sobre las presas políticas en la Dirección de Auxilio Judicial ‘El Chipote’, indicó que “están sometidas a regímenes de aislamiento e incomunicación más graves por su condición de mujeres defensoras de derechos humanos y activistas”. Y que, habrían sufrido un “grave deterioro en su salud por la falta de alimentación suficiente, acceso al agua potable y a servicios de atención médica especializada en atención a su género y edad”.
La CIDH aseveró que “Nicaragua debe proveer atención médica adecuada a las personas privadas de libertad, obligación que deriva del derecho a la integridad personal establecido en los artículos 1.1 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
De igual forma, la CIDH recordó que la obligación del Estado es “respetar la integridad física, no emplear tratos crueles, inhumanos y de respetar la dignidad inherente al ser humano, se extiende a garantizar el acceso a la atención médica adecuada de las personas privadas de libertad”.
Finalmente, la CIDH urge al Estado a “liberar de forma inmediata a todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis en el país”.