La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron preocupación por “la escalada represiva en Nicaragua” marcada por el envío a la Asamblea Nacional de las iniciativas de ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la de Ciberdelitos.
Para la CIDH estos dos proyectos de ley “amenazan seriamente el ejercicio de la libertad de expresión, la imposición de sanciones fiscales contra medios de comunicación y el hostigamiento judicial contra periodistas”.
Ambas leyes establecen figuras penales y un sistema de registro y control a organizaciones y otros actores de la sociedad civil contra el ejercicio de la protesta social, particularmente contra la libertad de expresión, el derecho a participar de los asuntos públicos y el derecho de asociación.
La ley de Agentes Extranjeros obliga a las personas físicas o jurídicas que reciben fondos directa o indirectamente de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras a registrarse como ‘agentes extranjeros’, que conlleva la obligación de presentar informes, y la imposibilidad de intervenir en cuestiones de política interna.
Por su parte, la ley de Ciberdelitos o Ley Mordaza, establece penas de cárcel y multas para varias conductas relacionadas con el uso de medios digitales en los que se difunda “información falsa y/o tergiversada que produzca alarma, temor o zozobra en la población”.
La CIDH y su Relatoría también mencionaron el caso de Canal 12, embargado por una supuesta deuda fiscal de 28 millones de córdobas, por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Asimismo, expresaron preocupación por el incremento de causas penales en contra de periodistas, invocando delitos incompatibles con la Convención Americana, como el desacato, la difamación e injurias.
La CIDH y la Relatoría Especial recuerdaron que el Principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública […], con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.
Añade que “los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
Por último, la Relatoría Especial señala que la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet de 2011 de los Relatores Especiales CIDH y ONU prevé como principio general que “la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad”.