La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este jueves el informe “Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua” en el que afirmó que el actual proceso electoral de Nicaragua “no cumple con los estándares interamericanos para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas”.
El informe de 70 páginas aborda “la grave crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua, en un contexto de completo debilitamiento del Estado de derecho y de un profundo deterioro en materia de derechos humanos”, de cara a las votaciones del 7 de noviembre.
“La concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado policial, donde el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión ejercida desde las instituciones de seguridad estatales y paraestatales avalado por los demás poderes; en concertación con las instituciones de control. No existe en el país un sistema de pesos y contrapesos puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo”, indicó la CIDH mediante un comunicado.
El organismo destacó que este año “constató la intensificación de la represión a través de la detención arbitraria y criminalización de más de 30 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo 7 personas precandidatas a la Presidencia”.
Asimismo, “observó la cancelación de personerías jurídicas de 3 partidos políticos y el continuo hostigamiento a las organizaciones civiles y de derechos humanos mediante el continuo cierre del espacio democrático y de la prensa independiente”.
“Con estas acciones, el Gobierno busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan las garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad, en un contexto de cierre de todos los espacios democráticos y de impunidad estructural”, agregó.
Ortega controla Poderes del Estado
La CIDH subrayó que la crisis democrática e institucional en Nicaragua se vino gestando desde hace más de dos décadas, con el llamado pacto “Alemán-Ortega” de 1999 “mediante el cual se instauró un sistema bipartidista con el objeto de facilitar la cooptación de los más altos cargos de la administración pública, y que a la fecha continúa vigente”.
“El proceso de concentración del poder en el Ejecutivo se intensificó en el año 2007 al asumir el Presidente de la República, Daniel Ortega su segundo mandato, y se consolidó a partir de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018”, apuntó.
Añadió que el régimen de Ortega amplió su poder en las instituciones estatales: la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral, así también por la falta de órganos de control independientes e imparciales.
“Además, se realizaron una serie de reformas en materia electoral, sucesivas hasta el 2021, las cuales, en conjunto, incorporaron reglas que restringen la competencia electoral y el ejercicio de los derechos políticos”, continuó.
La CIDH sostuvo que, pese a existir una prohibición constitucional sobre la reelección, en 2010 el Pleno de la Corte Suprema permitió que Daniel Ortega se presentara como candidato a la presidencia en las elecciones de noviembre de 2011. Posteriormente, mediante una reforma constitucional, la Asamblea Nacional habilitó la reelección presidencial indefinida.
En esa línea destacó que una reciente Opinión Consultiva de la Corte IDH “estableció que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”.
La Comisión afirmó que “el Poder Judicial de Nicaragua carece de independencia e imparcialidad, debido, entre otros factores, a su conformación bipartidista y reformas legales que desde 2010 permitieron procesos de designación y permanencia contrarios al principio de independencia judicial”.
Asimismo, el régimen de Ortega tiene “el control de los organismos e instituciones encargadas de la seguridad del Estado, como la Policía Nacional, el Ejército y la creación de aparatos de control y vigilancia de la ciudadanía como los Consejos de Poder Ciudadano (CPC). Todo ello quedó en evidencia en la represión estatal a las protestas sociales iniciadas en 2018 y conforme lo ha reiterado la CIDH en sus diversos informes y comunicados de prensa en los últimos años”, zanjó la CIDH.
La Comisión ha identificado, entre otros, “hostigamientos y represión contra cualquier persona considerada como opositora al Gobierno, el uso arbitrario de la fuerza letal y no letal que derivó en violaciones a los derechos a la vida e integridad personal, detenciones arbitrarias, allanamientos, amenazas, malos tratos, criminalización mediante procesos judiciales bajo cargos infundados, irregularidades en las garantías judiciales y en el acceso a la justicia, el cierre de espacios democráticos, suspensión de libertades y afectaciones a la libertad de expresión. Todo ello, perpetrado por grupos policiales y parapoliciales afines al Ejecutivo”.
La CIDH aseguró que “todas las medidas arbitrarias adoptadas por el Ejecutivo y en particular las ejecutadas el presente año dan cuenta que el proceso electoral de las próximas semanas no cumple con los estándares interamericanos para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas”.
“El gran desafío que enfrenta hoy Nicaragua es el reestablecimiento de las garantías y libertades fundamentales de un Estado democrático de derecho que permitan retomar la democracia representativa y participativa y la separación efectiva de los poderes. Para ello se debe garantizar condiciones para que las elecciones sean justas, libres y transparentes, conforme a los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana”, señaló.
La Comisión realiza una serie de recomendaciones al Estado de Nicaragua:
1. Adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis de derechos humanos mediante el restablecimiento de la institucionalidad democrática, la plena vigencia del Estado de Derecho y las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión.
2. Garantizar las condiciones necesarias para asegurar la realización de elecciones libres, justas y transparentes, de acuerdo con los estándares interamericanos sobre la materia consagrados, entre otros instrumentos, en la Carta Democrática Interamericana así como con las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, incluidas las formuladas por la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en 2017; y las resoluciones del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la Organización de los Estado Americanos.
3. Propiciar y sostener un diálogo efectivo, legítimo e inclusivo con la sociedad civil. Para ello, el Estado debe propiciar las condiciones necesarias que contribuyan a fomentar la confianza de la población mediante el cese de la represión, el reconocimiento de los hechos ocurridos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de verdad, justicia y reparación.
4. Liberar a todas las personas detenidas el contexto de la crisis iniciada en el 2018, incluyendo a las personas precandidatas a la presidencia, las personas consideradas como opositoras y las personas defensoras de derechos humanos detenidas durante el 2021.
5. Restablecer la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y cesar la represión contra medios de comunicación, personas defensoras de derechos humanos y personas consideradas como opositoras.
6. Iniciar procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la grave crisis que experimenta el país.
7. Poner fin a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos desde el inicio de la crisis en 2018.
8. Derogar y/o adecuar las leyes aprobadas en este contexto de conformidad con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. En particular, la Ley No. 1040 sobre agentes extranjeros; Ley No. 1042 sobre ciberdelitos; Ley No. 1055 y Ley No. 1060 sobre reforma y adición al código procesal penal.
La Comisión Interamericana recomienda a los Estados Miembros de la OEA y a la comunidad internacional en general, a:
1. Exigir al Estado la realización de elecciones libres, transparentes y justas, según las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, incluida la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en 2017, y las resoluciones del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la Organización de los Estado Americanos.
2. Exigir al Estado nicaragüense a poner fin inmediato a la represión y las detenciones arbitrarias, así como a todas las demás violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando en ese país.