La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este martes el boletín de junio de 2020 que aborda la situación de los derechos humanos en el país y el trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) a dos años de su instalación. En el documento de la CIDH recordó al Estado de Nicaragua sus obligaciones para la superación de la crisis de derechos humanos que persiste hasta la fecha.
En los últimos meses, la CIDH denunció la consolidación de una quinta etapa de la represión estatal en el país, caracterizada por la intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas consideradas como opositoras al régimen, así como hechos de violencia en zonas rurales y contra comunidades de pueblos indígenas.
La Comisión señaló que persiste “el quebrantamiento del principio de separación de poderes y el debilitamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua, a través de la concentración del poder en el Ejecutivo, la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, entre otras”.
La CIDH reiteró su preocupación por la situación de impunidad en la que permanecen las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018, en particular, debido a la falta de independencia judicial y a la aprobación de un conjunto de leyes contrarias al derecho internacional, entre ellas, la Ley de Amnistía.
A esto se suma la narrativa oficial que desconoce la persistencia de la crisis de derechos humanos, lo que ha puesto en evidencia la falta de voluntad para garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a una reparación adecuada.
Finalmente, en el contexto de la pandemia del COVID-19, la CIDH reiteró su preocupación por la situación de las personas privadas de libertad en Nicaragua debido al riesgo de contagio en que se encuentran, así como por la ausencia de información sobre protocolos y medidas de contención y prevención adoptadas por el Estado en los centros de detención.
Al respecto, la CIDH reiteró su llamado para garantizar la pronta excarcelación de las personas que permanecen detenidas arbitrariamente como represalia por su participación en las protestas sociales o por ser identificadas como opositoras.
La CIDH instó al régimen de Ortega a cumplir con las recomendaciones formuladas en el marco de su Resolución 01/2020 “Pandemia y derechos humanos en las Américas” con el fin de proteger los derechos humanos de este grupo.