La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el jueves otorgar medidas de protección provisionales a favor de 45 opositores presos en Nicaragua y sus respectivas familias, por encontrarse en una “situación de extrema gravedad” y riesgo de “daños irreparables a sus derechos”.
En un comunicado de prensa, la CIDH destaca que las personas son identificadas como manifestantes de las protestas iniciadas en el 2018 y opositoras al régimen de Daniel Ortega, además de ser integrantes de diversos sectores de la sociedad civil; y han expresado su desacuerdo con las políticas del régimen actual.
“Las medidas cautelares a favor de estas personas y sus núcleos familiares se otorgaron en su momento, tras identificar que se cumplían los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad a los que hace referencia el artículo 25 de su Reglamento”, indicó la Comisión.
Las 45 personas son beneficiarias de medidas cautelares y se encuentran privadas de libertad en ocho cárceles de Nicaragua. Ellos son: (1) Jhon Cristopher Cerna Zúñiga; (2) Fanor Alejandro Ramos; (3) Edwin Antonio Hernández Figueroa; (4) Víctor Manuel Soza Herrera; (5) Michael Rodrigo Samorío Anderson; (6) Néstor Eduardo Montealto Núñez; (7) Francisco Xavier Pineda Guatemala; (8) Manuel de Jesús Sobalvarro Bravo; (9) Richard Alexander Saavedra Cedeño; (10) Luis Carlos Valle Tinoco; (11) Víctor Manuel Díaz Pérez; (12) Nilson José Membreño; (13) Edward Enrique Lacayo Rodríguez; (14) Maycol Antonio Arce; (15) María Esperanza Sánchez García; (16) Karla Vanessa Escobar Maldonado; (17) Samuel Enrique González; (18) Mauricio Javier Valencia Mendoza; (19) Jorge Adolfo García Arancibia; (20) Leyving Eliezer Chavarría; (21) Carlos Antonio López Cano; (22) Lester José Selva; (23) Eliseo de Jesús Castro Baltodano; (24) Kevin Roberto Solís; (25) José Manuel Urbina Lara; (26) Benjamín Ernesto Gutiérrez Collado; (27) Yubrank Miguel Suazo Herrera; (28) Yoel Ibzán Sandino Ibarra; (29) José Alejandro Quintanilla Hernández; (30) Marvin Antonio Castellón Ubilla; (31) Lázaro Ernesto Rivas Pérez; (32) Gustavo Adolfo Mendoza Beteta; (33) Denis Antonio García Jirón; (34) Danny de los Ángeles García González; (35) Steven Moisés Mendoza; (36) Wilber Antonio Prado Gutiérrez; (37) Walter Antonio Montenegro Rivera; (38) Max Alfredo Silva Rivas; (39) Gabriel Renán Ramírez Somarriba; (40) Wilfredo Alejandro Brenes Domínguez; (41) Marvin Samir López Ñamendis; (42) Irving Isidro Larios Sánchez; (43) Roger Abel Reyes Barrera; (44) José Antonio Peraza Collado; y (45) Rusia Evelyn Pinto Centeno.
La CIDH sostuvo que, pese a las reiteradas acciones para obtener información de parte del Estado de Nicaragua, no se ha recibido respuesta que indique que se han adoptado medidas de protección para atender la situación de riesgo, ni acciones de concertación, o bien, medidas para investigar los eventos de riesgo.
“Esta situación es especialmente preocupante, dado que las personas mencionadas han sido incomunicadas, ubicadas en condiciones de detención de riesgo, la misma que se agravaría ante la falta de atención médica”, apuntó.
“El Estado sigue sin proporcionar información concreta, detallada y actualizada sobre su situación actual, pese a las solicitudes de información realizadas y reiteradas en el marco de la vigencia de las medidas cautelares, y se observa que la situación de riesgo se ha agudizado con el transcurrir del tiempo”, añadió.
La CIDH explicó que las medidas provisionales son emitidas por la Corte IDH en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas; “las mismas tienen carácter obligatorio para los Estados por lo que las decisiones contenidas en las mismas exigen a los Estados adoptar acciones específicas para resguardar derechos y/o proteger la vida de personas o colectivos que están bajo amenaza”.