Destacados / Nacionales · 19/08/2022

CIDH urge a la liberación inmediata del obispo Rolando Álvarez

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes “la escalada represiva” en contra de integrantes de la Iglesia Católica en Nicaragua y urgió al régimen de Daniel Ortega a “cesar de inmediato estos actos”.

La Comisión se refirió concretamente al secuestro del bispo Rolando Álvarez y siete personas más, quienes permanecían desde hace más de 15 días “encerrados y bajo sitio policial” en la Curia Episcopal de Matagalpa.

Durante la madrugada del 19 de agosto, la Policía Nacional ingresó por la fuerza a la Curia Episcopal de Matagalpa para detener, de manera arbitraria, al obispo Rolando Álvarez y siete religiosos, quienes permanecían desde hace más de 15 días encerrados y bajo sitio policial en el lugar”, señaló el organismo.

La CIDH urgió a la “liberación inmediata del obispo Rolando Álvarez y de las personas detenidas, e informar inmediatamente su paradero y a garantizar su vida e integridad personal”.

Estos hechos forman parte de un contexto sistemático de persecución, criminalización, hostigamiento, asedio policial, declaraciones estigmatizantes por parte de las más altas autoridades del Estado y, en general, de actos de represión en contra de integrantes de la Iglesia católica en Nicaragua, debido a su rol de mediación en el Diálogo Nacional en 2018 y su papel crítico para denunciar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de la crisis en el país”, apuntó la Comisión.

La CIDH recordó que el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) reconoce el derecho de todas las personas a la libertad de conciencia y religión, lo que conlleva “la libertad de profesar y divulgar su religión y sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado”.

Además, establece que “la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”.