La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó “la escalada represiva” del régimen de Daniel Ortega contra periodistas y medios de comunicación en Nicaragua.
“La Relatoría urge al Estado a cesar la persecución, intimidación y hostigamiento contra la prensa independiente que informa sobre asuntos de interés público, incluyendo la crisis de derechos humanos, y a restablecer las plenas garantías para ejercer el derecho a la libertad de expresión”, dijo la CIDH mediante una nota de prensa.
En ese sentido, la Comisión aseguró que ha recibido información sobre un “incremento de operativos policiales en residencias de periodistas e instalaciones de medios de comunicación, allanamientos, confiscación de medios, decomiso de equipos de trabajo, desplazamiento y exilio forzado de periodistas”.
“Estas acciones emprendidas por el Estado buscan silenciar a la prensa y controlar cualquier discurso que cuestione o contradiga las voces oficiales, socavando las garantías básicas para el ejercicio de las libertades fundamentales”, apuntó.
El 7 de julio de 2022, el diario La Prensa denunció una persecución en contra de su equipo periodístico, incluyendo conductores, fotógrafos y reporteros. De acuerdo a la información reportada, en la noche del miércoles 6 de julio, dos de sus reporteros habrían sido detenidos de forma arbitraria y posteriormente trasladados a la prisión del nuevo Chipote, sin constatarse el cumplimiento de garantías judiciales. Según información pública, las acciones emprendidas contra el medio estarían vinculadas a su cobertura sobre la expulsión de la orden religiosa Misioneras de la Caridad de Nicaragua por parte del régimen, tras la cancelación de su personería jurídica el 29 de junio pasado.
La CIDH también mencionó el cierre y confiscación del portal Trinchera de la Noticia, reportes “graves sobre un incremento de periodistas y comunicadores en desplazamiento y exilio forzado debido al temor cada vez mayor de sufrir represalias, que pueden ir desde el asedio policial a sus viviendas, amenazas a sus familias y hasta criminalización con penas exorbitantes”.
La Relatoría observó con “preocupación el impacto que esta ola represiva tiene en mujeres periodistas, quienes se encuentran en una doble situación de vulnerabilidad ya que además de los mencionados ataques por el ejercicio de su labor periodística también se ven afectadas de forma desproporcionada y son blanco de represalias en razón de género”.
La Relatoría de la CIDH destacó que la evidencia recopilada indica que “no existe actualmente ningún tipo de garantía para ejercer el derecho a la libertad de expresión en Nicaragua”.
Frente a esta situación, la Relatoría “urge al Estado a poner fin a la escalada represiva y a garantizar el derecho de las y los periodistas a informar sin presiones e injerencias a su trabajo. La Relatoría recuerda que es deber del Estado promover, respetar y garantizar el derecho de todas las personas a expresar sus opiniones o ideas por cualquier medio y sin miedo a ser perseguidos, sancionados o estigmatizados por ello; a participar en el debate público para fomentarlo y enriquecerlo; y a acceder a la información relevante para ejercer el control político que hace posible una verdadera democracia”, finalizó.