Desde que Daniel Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007, casi duplicó la cifra de oficiales que conforman las filas de la Policía, según datos oficiales publicados en los Anuarios Estadísticos de la institución.
Sin embargo, la percepción ciudadana de seguridad disminuyó, de acuerdo a los analistas consultados, quienes argumentan que las fuerzas policiales han sido utilizadas con el único fin de afianzar el poder de Ortega. Actualmente la institución está catalogada como “el brazo represor” del régimen y el funcionario al frente del organismo está sancionado por Estados Unidos.
Cuando Ortega asumió el poder en 2007, los miembros de la Policía eran de apenas 9.290 personas. Trece años después, en 2020, la cifra aumentó a 16.909 integrantes.
“El aumento de efectivos policiales se deben a actos de persecución política, pero también de espionaje y asedio a la población nicaragüense”, explicó a la Voz de Américael abogado Braulio Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
El abogado menciona que los aspirantes a policías “ni siquiera estudian un año en la academia” correspondiente para desempeñarse en sus funciones, sino que “pasan por cursos exprés en los cuales los cadetes salen sin ningún tipo de información basada en derechos humanos, sino en formas de cómo castigar a la gente o realizar actos de tortura”.
Los requisitos para ser policía en Nicaragua son mínimos. Por ejemplo, se debe tener la edad de entre 18 y 30 años; una estatura entre 1.60 metros en los hombres y 1.55 metros en las mujeres; y un nivel académico bajo (sexto grado aprobado).
Expolicía: “Ellos pagan la traición con cárcel”
Julio César Gallegos es un expolicía exiliado en Costa Rica desde hace poco más de un año. Narra que tras dejar su puesto en 2018 fue encarcelado durante meses. De acuerdo a su testimonio, el tiempo en prisión siguió a la acusación de diferentes cargos, entre ellos terrorismo y crimen organizado.
Gallegos trabajó seis años para la Policía en la división de las fuerzas especiales del DOEP (Dirección de Operaciones Especiales Policiales). Posteriormente se desempeñó como escolta en El Carmen, que es donde reside Ortega y su familia.
“Me habían condenado a 25 años de cárcel, pero salí bajo la amnistía aprobada en ese entonces”, comenta el expolicía de 33 años a la Voz de América, y afirma que después de eso no fue nada fácil que lo que se vino. “Comenzó la persecución y las amenazas”.
“En mi caso, le agradezco a Dios porque aún me tienen contando el cuento porque desertar en la institución es visto como una traición que se pagan con altos costos”.
Una oferta para personas con pocas oportunidades
Antes de ingresar a la Policía, Gallegos, originario del municipio de Diriamba, ubicado a unos 42 kilómetros al sur de Managua, trabajaba en una zona franca por un salario de poco más de 100 dólares. Sin embargo, por medio de una convocatoria en el año 2013 supo que buscaban nuevos agentes y él aplicó. Sus ingresos mejoraron.
“A mí me pagaban la especialidad después y un grado que tuve. Ya con todo esto estaba devengando un poco más de 314 dólares”, comenta el expolicía que dice haber encontrado una oportunidad laboral para mejorar sus condiciones de vida.
“Éramos la columna vertebral de la represión porque cuando los policías de celeste no podían calmar una situación o se les salía de las manos, entrábamos nosotros, los antimotines, a actuar, a violentar los derechos o si es a limpiar las calles donde hay tranques o alteración al orden público. Para eso fuimos entrenados”, dijo respecto a la labor de la división en la que él trabajaba.
La Policía no ha tenido independencia, dice exdiputado
La historia de la Policía ha estado marcada a lo largo del tiempo en Nicaragua. Fue conformada dos meses después del triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 bajo una línea partidaria llamada Policía Sandinista, pero constituida oficialmente en 1980.
Posteriormente, en 1990, tras la derrota electoral de los sandinistas, el ejecutivo, entonces representado por la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, hizo esfuerzos para “despartidarizar y subordinar a la policía a la autoridad civil” bajo la Ley Orgánica de la Policía Nacional.
Sin embargo, esos esfuerzos, según los críticos, se han ido a la borda nuevamente con el retorno de Ortega al poder, con quien la Policía ha tomado un rol político en función de los intereses del régimen.
La institución está actualmente dirigida por Francisco Díaz, consuegro de Ortega, quien fue sancionado por Estados Unidos.
El analista político y exdiputado opositor, Eliseo Núñez, considera que la independencia de la institución como tal “fue un espejismo” y nunca existió. Asegura que la inteligencia policial estaba al servicio del FSLN y se reportaba a Ortega.
“La Policía nunca fue depurada. Al contrario, se les dio un espacio que nunca debió haber tenido”, lamenta Núñez. Recuerda que durante los gobiernos de los expresidentes Enrique Bolaños y Arnoldo Alemán pudieron constatar el control de Ortega sobre la Policía tras perder el poder en la década de 1990, en cumplimiento de su promesa de “gobernar desde abajo”.
“Hay mandos que no han sido removidos y que tienen que ver con la represión; entonces Ortega tiene que aumentar el número de oficiales y crear un aparato burocrático para darles prebendas y dinero a estos que le fueron fieles”, concluye Núñez.