La Coalición Nacional rechazó la propuesta de reforma electoral que la dictadura Ortega-Murillo pretende aprobar en la Asamblea Nacional, en la cual se inhibe la participación de los opositores en las elecciones del 7 de noviembre.
“Es improcedente pretender imponer un proceso electoral centrado en las inhibiciones a los candidatos opositores, permitiendo al dictador escoger a sus oponentes, limitando su capacidad de financiarse, organizarse y movilizarse, fortaleciendo el estado policial que han construido sobre la base de la suspensión de facto de los derechos constitucionales de los nicaragüenses”, manifestó la Coalición Nacional en un comunicado.
En concreto, el orteguismo incorpora en su propuesta de reformas a la Ley Electoral las restricciones establecidas a posibles candidatos presidenciales en otras leyes como la de Agentes Extranjeros y la de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobadas en 2020.
El bloque opositor sostuvo que de aprobarse la propuesta del orteguismo “constituiría un retroceso más en la institucionalidad democrática del país, frustrando la posibilidad de celebrar elecciones libres, transparentes, competitivas, observadas y justas, necesarias para solucionar la compleja crisis que afecta el país”.
El proyecto de reformas electorales presentada por el régimen pone énfasis en excluir, inhibir, conculcar derechos y evitar la competitividad de la oposición, frente a un adversario que se reserva todas las ventajas para imponer su continuidad en el ejercicio del poder obviando la voluntad popular, indicó el bloque opositor.
Asimismo, criticó que la propuesta “no recoge de ninguna manera” las recomendaciones contempladas en la resolución aprobada en la Asamblea General de la OEA octubre del 2020, ni las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la misma OEA, Unión Europea y de otros organismos especializados. Tampoco están en concordancia con las contempladas en el documento de Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE), apoyadas por la inmensa mayoría de las fuerzas sociales y políticas.
“Una iniciativa que no garantiza la observación electoral nacional e internacional y más bien suprime las pocas referencia a la misma, desarrollando nuevas causales de cancelación de personalidades jurídicas y de destitución de diputados electos, en lugar de asegurar la transparencia y las garantías electorales y una competencia electoral, integral, plural y equitativa hechas a la medida de Ortega, confirman su voluntad dictatorial de continuar imponiendo a cualquier costo un modelo totalitario e ilegítimo, que solo asegura más deterioro económico e inestabilidad social y política”, alertó la Coalición Nacional.
El bloque reiteró que “todavía es factible e ineludible lograr la unidad para detener este proyecto de Ley que pretende cerrar toda posibilidad de cambio, anulando la expresión soberana de los ciudadanos mediante el ejercicio del voto”.
Por otro lado, la iniciativa de reforma a la ley electoral propuesta por el orteguismo también suprime el requisito de obtención del 4% de votos válidos durante las elecciones para el reembolso de gastos de campaña. Es decir, que los partidos que tengan poco apoyo popular recibirán dinero que adjudiquen a mítines políticos.
Otra propuesta en las reformas electorales fue trasladar la solicitud de celebrar mítines a la Policía, señalada de ser uno de los principales brazos represores del régimen de Ortega y de estar parcializada.