Coalición Nacional solicitará a la OEA un informe sobre el estado de la resolución que establece plazo para reformas electorales
La Coalición Nacional informó este jueves que desarrollará un plan de “unidad en la acción” de incidencia nacional e internacional para solicitarle a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) un informe preliminar sobre la resolución que aprobó en octubre pasado sobre el “restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas” y que establece un plazo para que el régimen de Daniel Ortega realice una reforma electoral de cara a las elecciones del 7 de noviembre.
“A dos meses y medio de que se venza el plazo definido por la Organización de Estados Americanos (OEA) en su Asamblea General del 21 de octubre de 2020 para que Ortega tenga implementada medidas concretas que garanticen un proceso electoral libre, transparente y competitivo, no vemos ninguna señal del régimen para cumplir la exigencia de los nicaragüenses y estas demandas de la OEA, respaldadas por la comunidad internacional en su conjunto. Más bien, el régimen mantiene e incrementa la represión y menoscaba todas las libertades civiles y políticas”, indicó la Coalición en un comunicado.
El plan de acción del bloque opositor es invitar a todos los movimientos sociales y políticos, y a la ciudadanía “Azul y Blanco”, dentro y fuera de Nicaragua, a alizar acciones conjuntas que exijan el cumplimiento de la resolución de la OEA, para solucionar la grave crisis que afecta al país.
“La Coalición Nacional invita desarrollar un plan de acción que refuerce la incidencia nacional e internacional sobre estas acciones: Solicitar a la Secretaría General de la OEA un informe preliminar en los términos de la Resolución, a fin de conocer oficialmente el estado de su implementación. Demostrar que solamente la implementación oportuna de la Resolución podrá tener efectos positivos para la democracia”, reza el documento.
Otras acciones serán preparar un cronograma para la puesta en práctica adecuada de cada una de las condiciones habilitantes y de las reformas necesarias frente a un proceso electoral, distribuir un informe de monitoreo y evaluación mensual del proceso electoral, y destacar las dificultades para el desarrollo de un proceso electoral de calidad, si las condiciones habilitantes y las reformas electorales fueren puestas en práctica por el régimen con posterioridad al mes de mayo de 2021. También, proponer con el mayor respaldo posible candidatos idóneos por su profesionalismo y calidades éticas para magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) como para el resto de puestos administrativos claves y de representación Departamental, Regional y Municipal por la importancia de contar con árbitros creíbles.
Asimismo, destacar que el proceso de depuración del padrón electoral, requiere de un periodo de tiempo idóneo, fundado en criterios técnicos y participación de los partidos, alianzas electorales y sociedad civil. Presionar por la derogación de la Ley Especial de Cyberdelitos, que impide participar en la depuración y de las otras leyes restrictivas aprobadas recientemente. Demandar la presencia inmediata en el país de misiones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para velar por la protección y defensa de los derechos humanos de todos los nicaragüenses.
Otras demandas son “la reanudación inmediata de las relaciones con la OEA y su Equipo Técnico para implementar las Reformas y que, desde ahora, se invite y acredite a los organismos de observación electoral nacionales e internacionales como auditores y garantes de este proceso, a fin que estos puedan contribuir a revertir el fraude sistémico que el régimen viene preparando”.
Que se garantice la vigencia de las cédulas de identidad de todos los nicaragüenses y la emisión de nuevas cédulas a los miles de demandantes, asegurando las condiciones para el voto de los nicaragüenses que residen en el exterior. También, solicitar que la comunidad internacional valore en tiempo y forma si el proceso electoral cumple con los criterios desarrollados para que una elección pueda ser estimada como observable. Y, sustentar ante la comunidad internacional las incalculables consecuencias de no contar con un proceso electoral libre en Nicaragua.
Otras demandas que se impulsarán son:
1. La libertad inmediata e incondicional de los secuestrados políticos.
2. La restitución plena de las garantías constitucionales y el respeto a la ley, mediante el disfrute de las libertades fundamentales.
3. Elecciones libres, justas y competitivas en que los ciudadanos puedan escoger a sus gobernantes, a través del ejercicio efectivo de la democracia representativa, mediante el cumplimiento de sus elementos esenciales contenidos en la Carta Democrática Interamericana.
4. La derogación o suspensión de las leyes represivas que pretenden inhibir a los opositores y restringir su capacidad de participar en condiciones de competitividad en el proceso electoral.
5. La aprobación de la propuesta de reforma electoral elaboradas en conjunto con el Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE) y respaldadas por la sociedad nicaragüense y que incluyen los siete puntos considerados en la resolución de la OEA.
