Destacados / Nacionales · 29/02/2024

Colectivo de DDHH pide a la ONU ejercer “acciones” para la búsqueda de la justicia en Nicaragua

La ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más pidió este jueves al Consejo de Derechos Humanos de la ONU ejercer acciones en contra del régimen de Daniel Ortega, que permitan la “búsqueda de justicia” en el país.

Pedimos a este Consejo que ejerzan acciones que permitan la búsqueda de justicia de las víctimas y el restablecimiento de la democracia en Nicaragua”, solicitó la abogada nicaragüense exiliada Wendy Flores, coordinadora de ese Colectivo.

Flores, en nombre del Colectivo, saludó el informe presentado por el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) creado por la ONU, que confirmó que el dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo, ejercen personalmente el control sobre todas las instituciones del Estado y dan órdenes directas o indirectas contra quienes se atreven a criticarles.

Expresamos nuestra preocupación por la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el país”, indicó Flores.

La abogada recordó la impunidad de los más de 350 asesinatos ocurridos en las protestas de 2018, el destierro sufrido por 222 personas excarceladas y desnacionalizadas en febrero de 2023, la desnacionalización y expropiación de 94 activistas y defensores de derechos humanos, la mayoría exiliadas.

También mencionó a otros centenares de nicaragüenses que han sido expulsados o impedidos de ingresar a Nicaragua, incluidos 42 religiosos, y los más de 100 disidentes se encuentran bajo prisión, sometidas a regímenes de tortura y malos tratos.

Estos actos dirigidos desde el Ejecutivo han sido posibles por la participación activa del poder judicial, el legislativo e instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el ahora Ministerio del Interior, que conjuntamente mantienen la vigilancia, persecución e impunidad de estos crímenes”, señaló.

Flores dijo que la persecución e impunidad ha generado como consecuencia un “clima de terror, dolor, desesperanza y desplazamientos forzados”, que superan los más de 700.000 nicaragüenses (10,4 % de la población) desde abril de 2018 en un contexto de estado policíaco y cancelación de 3.643 organizaciones no gubernamentales.