El conflicto con Nicaragua por porciones territoriales de mar en el Caribe, y por la que en 2013 el régimen de Daniel Ortega inició un litigio ante la Corte Internacional de Justicia, que tiene sede en La Haya (Países Bajos), es la razón principal por la que el Ministerio de Relaciones exteriores, también Cancillería de Colombia, programó una reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores de ese país para este viernes.
Dicha delegación está conformada por los congresistas de las comisiones segundas de la Cámara de Representante y del Senado, expresidentes de Colombia y delegados del gobierno colombiano.
Precisamente el senador Antonio Sanguino informó en varios medios de ese país sobre esta reunión sobre la que hay bastantes expectativas.
“En esta sesión conoceremos el fallo relativo a las supuestas violaciones en el Mar Caribe, proferido por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y que corresponde a una demanda interpuesta por Nicaragua contra Colombia. Esperamos que este fallo no sea contrario a los intereses de nuestra nación”, destacaron en la emisora La W Radio de lo que dijo el congresista.
Concluyendo marzo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que ya se tenía la fecha para conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre dos demandas impuestas por Nicaragua y Colombia.
Es importante tener en cuenta que el veredicto de la Corte de La Haya no implicará cambio alguno en los mapas de ninguno de los dos países involucrados en el litigio, como sí sucedió el 19 de noviembre de 2012.
En esa oportunidad, Colombia mantuvo la soberanía sobre la tierra firme de San Andrés, Providencia y siete cayos anexos al departamento —Alburquerque, Bajo Nuevo, Sureste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla—, pero perdió una importante porción de mar ante Nicaragua y solo conservó doce millas náuticas del agua que rodea estos territorios.
La decisión que tiene pendiente la Corte de la Haya está relacionada con presuntas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe por parte de Colombia, acusadas por el régimen de Daniel Ortega desde 2013.
Según Nicaragua, la Armada Nacional colombiana sigue operando en aguas del mar Caribe que ya no hacen parte de su jurisdicción. Además, dicen que la emisión del Decreto 1946 de 2013, en el que se establece la Zona Contigua Integral del Archipiélago, el Gobierno de Colombia omite los cambios que debieron ocurrir en el mapa tras el fallo.
Como respuesta a esta demanda, Colombia contrademandó al país centroamericano. Según la Cancillería colombiana, “Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del Archipiélago, en particular de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales”.
Además, en Nicaragua se habría expedido un decreto que sería contrario al derecho internacional y estaría buscando añadir aún más áreas marinas de las que ya había ganado en el tribunal, en detrimento de Colombia.
Para resolver este litigio, la Corte de La Haya citó a varias audiencias orales —presenciales y virtuales— entre el 20 de septiembre y el primero de octubre del año pasado. En representación de Colombia, además de los abogados defensores, hablaron la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, el gobernador del departamento de San Andrés y Providencia, Everth Hawkins Sjogreen, la Armada Nacional y el representante de la comunidad raizal Kent Francis James.
El equipo que intervino en defensa de Colombia abogó por los derechos de pesca tradicionales de la comunidad raizal —cuyos bancos de peces quedaron fuera de las 12 millas náuticas estipuladas en el fallo anterior—, la presunta violación de derechos de Nicaragua hacia Colombia con respecto al mar Caribe, la protección de la soberanía colombiana, la protección del ecosistema marino y la guerra contra las drogas.
Por su parte, se espera que el régimen de Ortega presente la evidencia que tenga sobre las presuntas violaciones del espacio marítimo en las que Colombia haya incurrido desde la emisión del fallo en noviembre de 2012.
*Con Infobae