El Gobierno de Gustavo Petro en Colombia ha expresado este viernes su “preocupación” ante la más reciente medida anunciada por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que despojó esta semana de su nacionalidad a 94 ciudadanos, después de que ya se la había retirado a otros 222 presos políticos excarcelados.
“Estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad, contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del cual Nicaragua es Estado parte”, manifestó la Cancillería del país sudamericano.
“El Gobierno de Colombia hace un llamado generar medidas de confianza que contribuyan a la reconciliación nacional, al respeto del Estado de derecho y al bienestar del pueblo nicaragüense”, concluye el comunicado en el que el Ministerio de Relaciones Exteriores, con un lenguaje muy contenido, señala que “sigue con atención las decisiones del Gobierno de la República de Nicaragua con respecto a un importante grupo de personas detenidas en ese país”.
La diplomacia colombiana también valora como “un paso importante para el diálogo nacional” la decisión del pasado 9 de febrero de excarcelar al grupo de 222 presos políticos y trasladarlos a Estados Unidos.
Las relaciones con Managua son un asunto delicado para Bogotá, dado que ambos países sostienen un diferendo limítrofe de larga data en el mar Caribe que involucra la soberanía de las aguas que rodean el archipiélago de San Andrés y Providencia.