Este jueves dio inicio el juicio político contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro y su hermano Pedro Joaquín Chamorro, hijos de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y el mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal.
Cristiana, periodista de profesión de 68 años de edad, es acusada por supuesto delito de “lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica”.
La Fiscalía Orteguista acusó a Cristiana en su calidad de presidenta de la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro con base en una denuncia del Ministerio de Gobernación (MIGOB).
El abogado y exfuncionario judicial Yader Morazán señaló que la condena en contra de Cristiana Chamorro podría ser mayor a la del resto de los otros presos políticos acusados de supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la soberanía nacional” o propagación de noticias falsas.
“Es un hecho que el delito de lavado de dinero, por ser parte del crimen organizado, por ser un delito que es más lesivo por decir así, es un delito que tiene una pena mayor”, dijo Morazán al medio digital Nicaragua Investiga.
Mientras que su hermano, Pedro Joaquín de 70 años, es acusado por supuestos “actos que menoscaban la soberanía nacional gestión abusiva y apropiación y retención indebida”.
Los dos hermanos son miembros de la Junta Directiva del diario La Prensa de Nicaragua, que el miércoles cumplió 96 años de su fundación.
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Trabajadores de la FVBCH
Junto con los hermanos Chamorro, serán juzgados el contador general y el administrador financiero de la Fundación, Marcos Fletes y Walter Gómez, respectivamente, así como el conductor personal de Cristiana.
Fletes y Gómez, están acusados del supuesto delito de “gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida y lavado de dinero bienes y activos”.
En tanto, Vásquez ha sido acusado del supuesto delito de “colaborador necesario para lavado de dinero, bienes y activos”.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), denunció que en la Dirección de Auxilio Judicial ‘El Chipote’ donde se realiza el juicio político a puerta cerrada hay una “exagerada presencial policial”.