El 2020, el año de la pandemia, también estuvo marcado por una afectación general a la democracia. En el caso de América Latina y el Caribe, Venezuela, Cuba y Nicaragua resultaron las peores calificadas, de acuerdo al índice de democracia 2020 de la Unidad de Inteligencia de The Economist.
Este índice, que se hace desde el 2006, evalúa el estado de la democracia en 167 países. Para ello, utiliza cinco medidas principales: procesos electorales y pluralismo, el funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles.
De acuerdo al informe de 2020, solo el 8,4% de la población mundial vive en democracia plena. 57 de los 167 países estudiados son calificados como “regímenes autoritarios”.
Joan Hoey, directora para Europa de la Unidad Investigativa de The Economist, aseguró a la Voz de América que en el año pasado se vio “una regresión democrática en todo el mundo”. Esto, impulsado principalmente “por las medidas tomadas por los gobiernos en respuesta a la pandemia”.
La también editora del índice de democracia, explica que, en este caso “vimos otra regresión en el puntaje promedio de la región. Ese es el quinto año consecutivo (…) que hemos visto una regresión democracia en América Latina”.
El puntaje promedio de América Latina y el Caribe (6.09) disminuyó en 0.04 este año.
Al igual que con las otras regiones que estudiaron, Hoey explica que “eso fue impulsado en 2020 principalmente por este retroceso de las libertades democráticas en respuesta a la pandemia, siguiendo realmente el patrón del resto del mundo”.
A pesar de esta situación, el informe destaca: “América Latina sigue siendo la región de mercados emergentes más democrática del mundo”.
“Continuidad de las violaciones de garantía”
En la región, hay tres países considerados por la publicación como democracias plenas: Chile, Costa Rica y Uruguay. Del otro lado de la moneda, los considerados “regímenes autoritarios”, también hay tres: Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Venezuela fue el país peor posicionado de la región, obteniendo solo 2.76, de un total 10, lo que lo pone en el puesto 143. La mejor puntuación de Venezuela fue en el 2006, con 5.42.
“En Venezuela, las medidas de cuarentena sirvieron de pantalla, y excusa, para tomar medidas enérgicas contra los miembros de la oposición y críticos del presidente Nicolás Maduro”, se lee en el informe.
John Magdaleno, politólogo y profesor universitario, aseguró a la VOA que el estudio registra una “realidad” que se viene produciendo en el país desde hace años. Recordó que ya para 2017, la nación suramericana tenía menos de 4 puntos.
“Una trayectoria extendida del régimen político venezolano, conforme al mismo índice, obviamente indica la continuidad de las violaciones de garantía que se producen por parte de sus autoridades”, apuntó Magdaleno
A su entender, esta situación se traduce en que sus ciudadanos “no podemos ejercer a plenitud, y a veces se puede con mucha dificultad, las garantías que consagra cualquier democracia genuina”.
Además, agregó el profesor, es más “difícil” y más “compleja” la posibilidad que se lleve a cabo una transición hacia la democracia.
En el caso específico de Venezuela, sin embargo, Magdaleno indica que para este año “hay expectativa” de que se produzcan algunas restituciones de garantías, “en términos relativos”. Fundamentalmente en materia económica y algunas garantías políticas, en parte, por el interés de gobierno de “flexibilizar” las sanciones.
Venezuela realizó el pasado 6 de diciembre elecciones parlamentarias, donde el chavismo retomó el control de la Asamblea. Si bien no fueron reconocidas por parte de la oposición y la comunidad internacional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó el proceso como “una jornada electoral impecable” y el presidente Maduro aseguró que los resultados fueron una “gran victoria” de la democracia.
“Agravamiento estructural”
Cuba ha sido ubicado en el puesto 140 entre 167 naciones, con 2.84 puntos, lo que la coloca como la segunda peor calificada en Latinoamérica, según el índice de The Economist.
Desde La Habana, el politólogo opositor Manuel Cuesta Morúa, coordinador de la iniciativa Propuesta 2020 “Cuba en plural”, considera que la vida vida post-pandemia ha traído “un agravamiento estructural” en materia de derechos humanos a la isla.
Cuesta Morúa explicó a la VOA que para llevar a cabo las restricciones por el COVID-19, en la isla “se unen la Policía y el Ejército para controlar las calles”, algo que “no había sucedido en los últimos tiempos en Cuba” lo que ha traído consigo, apunta, un agravamiento de la situación de los derechos humanos.
Las autoridades, señala Cuesta Morúa, han detenido y condenado a penas de uno a tres años a jóvenes “haciendo un uso arbitrario del código penal” contra quienes se atreven a saltarse las medidas restrictivas, en parte por la grave escasez de alimentos.
Finalmente, dijo, las restricciones han servido “para castigar a los activistas de derechos humanos, sobre todo periodistas independientes que se han dedicado a hacer crónicas sobre la COVID y lo que sucede con el COVID-19 en las comunidades”.
Organizaciones internacionales como Reporteros sin Fronteras, Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés) han señalado al gobierno cubano por la falta de libertades fundamentales a que somete a sus ciudadanos, como son la libertad de expresión, el encarcelamiento por motivos políticos y el control a la prensa independiente.
El gobierno cubano, en cambio, ha acusado en meses anteriores a la pasada administración Trump de promover un estallido social en medio de la pandemia. «Son despiadados e incesantes los ataques a nuestras principales fuentes de ingreso. Se patentiza un recrudecimiento brutal del bloqueo y de la percusión financiera. Se evidencia, además, todo un llamado y un propósito a alentar un estallido social en el país, también como parte de los intereses electorales norteamericanos», dijo el mandatario Miguel Díaz-Canel Bermúdez en una intervención pública en el mes de septiembre de 2020.
“La estabilidad del modelo está en entredicho”
Nicaragua fue ubicada dentro de los tres regímenes autoritarios que existen en América Latina. Según el último informe del Índice de Democracia, el país ocupa la posición 120.
La nación centroamericana, que vive una de sus peores crisis sociopolíticas de los últimos 30 años, pasó de tener 3.55 puntos en 2019 a 3.60 en este 2020. Los números aumentaron levemente, pero para 2017 la puntuación se encontraba en 4.66.
Analistas políticos consultados por la Voz de América, como el exdiputado opositor Eliseo Núñez, señalan que Nicaragua se encuentra institucionalmente “casi al mismo nivel de Venezuela” y Cuba, esto tras la crisis surgida en 2018.
“Institucionalmente estamos casi al mismo nivel, un poco por encima de Venezuela y por debajo de Cuba. En la ejecución es que estamos por debajo de estos dos países”, señala Núñez.
A su juicio, Daniel Ortega va enrumbándose cada vez más hacia el modelo de estos países por la poca capacidad de mantenerse en el poder “por popularidad, entonces lo único que tiene es la capacidad represiva”, explica el analista.
De hecho, una encuesta realizada recientemente por la firma costarricense CID Gallup reflejó que el régimen de Ortega, mantiene reducida su base al 25%, mientras que la mayoría se concentra en los que no simpatizan con un partido político.
“The Economist está dejando un panorama muy claro que Nicaragua ha consolidado su modelo autoritario. Ortega hasta 2017 podría haber sido considerado un modelo autoritario estable con ciertas características de libertad económica, actualmente el tema de la estabilidad del modelo está en entredicho”, añade.
Como consecuencia, Nicaragua podría ser considerado un “paria internacional”, pero Núñez indica que a diferencia de Rusia e Irán, Ortega no tiene ningún recurso natural que le permita mantener “un nivel de paria internacional a largo plazo”.
Pero el analista afín al régimen, Cairo Amador, tiene otra visión. Según su interpretación, en Nicaragua hay aceptación al modelo de Ortega e indica que se ve reflejado en las encuestas con relación al nivel de popularidad de la oposición.
“Organizacionalmente el Frente Sandinista (partido de Ortega), marca la pauta con un nivel de apoyo considerable, y el resto, todo el resto a nivel de organización escasamente llega a un 9%, de manera que los argumentos hablan por sí mismo”, acota Amador.
En cuanto a los niveles de democracia asevera que el país se ha fortalecido, aún en medio de las protestas que se dieron en 2018, y que considera como “un intento de golpe de Estado” contra Ortega.
*Con VOA