Al menos 50 organizaciones de la comunidad nicaragüense residentes en el exterior, en condición de diáspora, migrantes o por exilio político, junto a los grupos internacionales solidarios con la libertad de Nicaragua, expresaron su respaldo a la propuesta de reformas electorales que fue presentada el martes 22 de septiembre por el Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE).
Dicha propuesta logró el consenso de cambios a la legislación nacional, alcanzado por nueve partidos y organizaciones opositoras de la Coalición Nacional para que “retorne a la democracia” por medio de elecciones “libres, justas, transparentes y observadas”.
“Hemos recibido con mucha satisfacción las propuestas de reformas electorales que han consensuado distintos sectores de la sociedad nicaragüense, para demandar su implementación por parte de la dictadura de los Ortega Murillo”, manifestaron.
El consenso, compuesto por 12 reformas a la Ley Electoral y cuatro a la Constitución de Nicaragua, básicamente busca que los electores recuperen la confianza en el sistema de elecciones, y que el dictador Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo, no encuentren resquicios legales para mantenerse en el poder.
Las 50 organizaciones ratificaron que el camino cívico y pacífico para conquistar la democracia en Nicaragua “es la vía electoral, siempre y cuando se garanticen las condiciones habilitantes necesarias como la libertad de las personas presas políticas, la restitución de las libertades civiles conculcadas y el cese inmediato de todas las formas de represión y hostigamiento a personas opositoras”.
“Celebramos que las reformas electorales presentadas recojan la demanda de las comunidades nicaragüenses residentes en el exterior sobre el derecho al voto en el extranjero. Es imperativo materializar ese derecho recogido por nuestra constitución y que ha sido históricamente ignorado”, indicaron.
La comunidad nicaragüense en el extranjero hizo un llamado a la comunidad internacional, a los gobiernos del mundo, a los organismos multilaterales, a la ONU y a la OEA, a “continuar tomando acciones y medidas que obliguen al régimen de los Ortega Murillo a aplicar estas reformas en los próximos meses y abrir la posibilidad de elecciones libres en Nicaragua”.
La propuesta de reformas electorales destaca realizar cambio de personal en el Consejo Supremo Electoral “en todos los niveles”, así como la de celebrar elecciones con “presencia irrestricta de observadores nacionales e internacionales independientes” para restablecer “la transparencia y garantías electorales”.
Asimismo, acuerda que debe crearse un único padrón electoral, otorgar cédula de identidad a todos los ciudadanos, permitir el voto de la diáspora y emitir los resultados parciales y totales de las elecciones en tiempo real, con reglas claras para reclamos.
Los opositores se pusieron de acuerdo en tener una “competencia electoral integral, plural y equitativa”, con condiciones flexibles para los partidos políticos u organizaciones sociales que quieran participar en los comicios.
RESTABLECIMIENTOS
Asimismo, acordaron restablecer el umbral electoral en el 50 % más uno, o ir a segunda vuelta, eliminar las llamadas “diputaciones regaladas” para el segundo candidato presidencial más votado y al presidente saliente.
Además, consensuaron “la no reelección para el presidente y vicepresidente, y la inhibición del cónyuge para eliminar el nepotismo”.
Adicionalmente, resolvieron que se anticipen las elecciones de las regiones autónomas del Caribe, para que coincidan con las nacionales, con garantía de respeto a su organización y resultados.
La presentación del consenso incluyó una exigencia a Ortega: “Que cumpla con sus obligaciones y reactive las relaciones con la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para contar con apoyo técnico electoral, así como la incorporación de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de observación electoral, como la Unión Europea y la OEA”.