La activista y presa política Julia Hernández originaria de Masaya, fue condena a una pena de 18 años de cárcel y una multa de más de 50 mil córdobas por parte de la Jueza Irma Oralia Laguna, por delitos fabricados relacionados con narcotráfico y tenencia de armas de uso restringido.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) denunció hoy la “criminalización y condena absolutamente arbitraria e injusta de Julia Hernández, la cual ha venido precedida de una detención ilegal y la violación de sus garantías procesales”.
Asimismo, hizo responsable al régimen de Daniel Ortega de “cualquier vulneración” a la integridad física y psicológica de la fémina, quien padece diabetes y tiene personas dependientes a su cargo: un hijo de 9 años y su madre, quien es una persona adulta mayor y con discapacidad.
La ONG sostuvo que la detención, judicialización y condena de Hernández ha estado “plagada de irregularidades”, al punto que en marzo el juicio tuvo que ser suspendido por falta de pruebas por parte de la Fiscalía.
“Las violaciones al debido proceso presentes en el caso de Julia, son consistentes con un mismo patrón de criminalización de la propuesta social, similar al aplicado contra otras personas presas políticas en Nicaragua, a quienes se les fabrica e imputa cargos delictivos relacionados con narcotráfico y uso de armas, para aplicarles condenas elevadas a manera de escarmiento y con el objetivo de generar miedo entre la población y desincentivar las protestas contra el gobierno”, afirmó IM-Defensoras.
“Julia Hernández no ha cometido ningún delito y debe ser liberada y regresar a casa de inmediato. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se solidarice y se mantenga al pendiente de su situación, uniéndose a la exigencia de libertad para ella y para el resto de personas presas políticas que permanecen injustamente privadas de libertad en Nicaragua”, declaró el organismo centroamericano.
Julia Hernández fue detenida el 7 de enero del 2021, ese día policías antimotines ingresaron ilegalmente a su domicilio en Masaya acompañados de perros, supuestamente en busca de armas y drogas y, pese a no encontrarse indicios delictivos, se llevaron detenido a su esposo, Eduardo José Morales Gadea, e incautaron los celulares y los documentos de identidad de ambos.