*Por IP Nicaragua, Fuentes Confiables y CONNECTAS
El domingo 24 de abril, efectivos de la Policía Nacional de Nicaragua llegaron hasta la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) con la orden de confiscar el edificio que esa institución ocupaba en la capital del país, Managua. Fue un operativo policial sorpresivo y nocturno donde cuatro patrullas y decenas de agentes de la Dirección de Operaciones Especiales se apostaron en las afueras de la sede diplomática con sus armas largas en mano. Nadie podía entrar ni salir del lugar.
Al mismo tiempo, el gobierno de Daniel Ortega, luego de retirar las credenciales de sus representantes ante el organismo (Orlando Tardencilla, Iván Lara y Michael Campbell), anunció el cierre de la oficina de la OEA calificándola de “instrumento del imperialismo yanqui”. La agresión oficial continuó cuando dos días después, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció que el edificio había sido declarado de “utilidad pública”. La vocera del régimen indicó que el Estado de Nicaragua, a través del Instituto de Cultura, va a desarrollar el “Museo de la Infamia” en el mismo lugar. Sin embargo, a la fecha no se ha ejecutado la propuesta de la esposa del presidente, aunque el inmueble continúa custodiado por agentes de la Policía Nacional.
El Gobierno de Nicaragua formalizó después la expropiación del edificio haciendo oídos sordos a la indignación del titular de la OEA, Luis Almagro (uno de los líderes internacionales más críticos con Ortega). El inmueble, vale aclararlo, no era propiedad de esa organización sino que lo arrendaba, por lo que la confiscación hecha por el Gobierno terminó afectando directamente a sus desconocidos propietarios. Hasta el cierre de este reporte el sitio permanecía cerrado e intacto, sin ninguna modificación por parte del Estado.
Pero no fue la primera ocupación de una sede diplomática del régimen nicaragüense. A fines de diciembre de 2021 le había tocado a la de Taiwán, que se ubicaba en una de las zonas con mayor valor comercial en la capital de Nicaragua. Fue otra intempestiva reacción del Gobierno sandinista, luego de que el país asiático decidiera donar a la Iglesia católica (enfrentada con Ortega) sus bienes, incluyendo la sede y vehículos.
Esa vez, la excusa que usó el régimen para adueñarse de una propiedad ajena fue desconocer la existencia de Taiwán como Estado independiente de China, por lo que la Procuraduría General de Nicaragua (que responde a los intereses de Ortega) decidió confiscar el edificio y transferirlo al gobierno de Pekín, incluidos “los bienes inmuebles, muebles, equipos y medios” que allí se encontraban.
Las protestas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán tampoco hicieron mella en el régimen, que se ha acostumbrado no solo a encarcelar a sus enemigos, sino también a confiscarles sus propiedades. Incluso así se trate de bienes de países extranjeros o de organizaciones diplomáticas internacionales.
Muchos ven en esta práctica que Ortega ha acelerado a partir de las masivas protestas que jaquearon a su régimen hace cuatro años, en 2018, una nueva versión de la “piñata sandinista”, la apropiación de bienes públicos y privados que practicó su primer gobierno en los años ochenta contra los aliados del depuesto Somoza. Ahora, en cambio, la estrategia del orteguismo está dirigida a quienes obstruyan, critiquen o amenacen su permanencia en el poder.
Una base de datos construida por IP Nicaragua, Fuentes Confiables y CONNECTAS muestra cómo se ha extendido este comportamiento estatal contra las instituciones que más han resistido los abusos del régimen sandinista: organizaciones no gubernamentales, universidades y medios de comunicación. Desde los sucesos de abril de 2018 (que dejaron más de 300 muertos en las calles de Nicaragua tras la violenta represión oficial), se han registrado 27 confiscaciones de inmuebles. En algunos casos bajo algún respaldo “legal” ejecutado desde la Asamblea Nacional; en otros, sin justificación alguna. Incluso no se pudo encontrar información pública disponible sobre lo actuado en esas situaciones.
Del reporte elaborado surge que ocho de las propiedades confiscadas fueron convertidas en centros de atención pública del Ministerio de Salud, que instaló allí casas maternas y centros médicos estatales. Entre las ONG afectadas están el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Casa Popol Nah y el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS). Y tres más eran las salas de redacción de los medios de comunicación Confidencial y 100% Noticias, clausurados por el gobierno en diciembre de 2018, y las instalaciones del diario La Prensa, el 13 de agosto de 2021. Hoy la policía de Nicaragua continúa rodeando estas últimas oficinas, mientras el deterioro del inmueble es visible debido al inexistente mantenimiento en el lugar.
También pasaron a ser bienes del Estado las sedes de los organismos Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Fundación del Río, Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS), Punta Teonoste y Centro de Investigación para las Comunicaciones (CINCO), en base a una disposición del Ministerio de Gobernación, que les confiscó no solo los edificios sino también archivos de alto valor documental y computadoras.
Nuestro registro incluye además seis universidades privadas que, tras ser nacionalizadas, pasaron a ser tuteladas por el Estado a través del Consejo Nacional de Universidades. A la lista hay que sumar la confiscación de un terreno del Colegio de Contadores el 8 de agosto de 2021, las dos ya mencionadas sedes diplomáticas y dos propiedades de personas opositoras al Gobierno.
El modus operandi contra las ONG
A inicios de 1990, días antes de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (SLN) entregara el poder a Violeta Barrios de Chamorro, los dirigentes sandinistas se repartieron bienes y fortunas, en una acción conocida como “La Piñata”. En esa ocasión los “piñateros” aprobaron un mecanismo, las leyes 85, 86 y 88, para “legalizar” la apropiación de esos bienes.
Ahora, la nueva práctica confiscatoria del gobierno consiste en “presionar” a organizaciones o empresas con otras leyes polémicas, aprobadas en la Asamblea Nacional en 2021, como la de agentes extranjeros (Ley 1040) y la de defensa de la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz (Ley 1055). La primera obliga a toda organización que recibe fondos de la cooperación internacional a declararse como “agente extranjero”. Así se inicia todo un andamiaje institucional para rechazar cualquier intento por realizar la inscripción en el registro oficial, con el fin de dejar a las ONG o universidad en un limbo jurídico.
Una vez que el Ministerio de Gobernación gana tiempo con estas dilaciones, se solicita la ilegalización de la institución ante la Asamblea Nacional, donde los diputados sandinistas —que son mayoría— se confabulan y votan para retirar la personería jurídica y dar el visto bueno “legal” a la confiscación. En el caso de la Ley 1055, su aplicación es el preámbulo para oficializar la declaración de “traición a la patria”, tras la cual el Estado procede con la cuestionada Ley 1040.
Cabe destacar que para la mayoría de los casos, el régimen ha recurrido a la Asamblea Nacional para ejecutar su plan de acción. Sin embargo, para ir contra los medios de comunicación la estrategia fue diferente: las ocupaciones se hicieron sin orden judicial y nunca se presentaron iniciativas de ilegalización y cierre de funciones en el Poder Legislativo.
Las primeras víctimas de esta nueva “piñata” en Nicaragua fueron organizaciones no gubernamentales que trabajaban en la defensa de los derechos humanos, promoción de la democracia y centros de pensamiento. Es el caso del CENIDH, nacido el 16 de mayo de 1990 y que documentó la represión estatal contra las protestas cívicas de 2018. Fue uno de los primeros organismos en ser despojados de su personería jurídica y de sus bienes, el 14 de diciembre de 2018.
El CENIDH funcionaba en una vivienda de aproximadamente un cuarto de manzana, ubicada en la misma zona donde habitan y despachan Daniel Ortega y Rosario Murillo: Reparto el Carmen. Hasta su cierre laboraban allí más de 20 personas; entre ellos estaban abogados que se dedicaban a la defensa de los derechos humanos, personal administrativo, conserjes y guardas de seguridad.
Hoy, en esas instalaciones opera una casa materna estatal, inaugurada el 26 de febrero de 2021, que luce en su frente un cartel indicando que “la propiedad pertenece al Ministerio de Salud”. Sin embargo, es notoria la poca afluencia de mujeres al centro médico público. Usualmente cuando el MINSA hace convocatorias a jornadas de salud es que se observa mayor presencia de pacientes.
“Lo que ha habido es una usurpación de dominio, prácticamente un despojo, la comisión de un delito”, expresa Vilma Núñez, presidenta de esta ONG. “Nosotros hicimos una investigación en el Registro de la Propiedad para saber si había un cambio y en 2020 el registro seguía a nombre del CENIDH, no había ningún tipo de movimiento registral. Esto demuestra que este Gobierno actúa como una finca y no les importan las formalidades legales”, agrega la defensora de derechos humanos.
Con el mismo sistema fueron clausurados el CISAS, la Casa Popol Nah, el Instituto Nicaragüense para la Democracia y el ILLS. Todas las propiedades de estas organizaciones fueron destinadas a casas maternas, centros médicos y centros de rehabilitación de adicciones bajo la tutela del Ministerio de Salud de Nicaragua. En el caso del primer organismo, luego de la confiscación de su sede se inauguró allí un centro de atención de adicciones. Sin embargo, hoy en el lugar lo único evidente es la presencia de dos agentes policiales a la entrada; no hay ningún otro tipo de personal vinculado al objetivo descrito anteriormente.
En tanto, organizaciones como el IEEPP, el CINCO y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) también son parte de los centros de pensamiento crítico que fueron clausurados y sus bienes pasaron a ser parte del Estado, según una disposición emitida por el Ministerio de Gobernación. En sus casos, no les quitaron los inmuebles porque operaban en oficinas rentadas, pero el Gobierno sí se quedó con el dinero de sus cuentas bancarias y computadoras, entre otros bienes.
Otro caso testigo de la ofensiva confiscatoria contra las ONG ha sido el de la Fundación Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS). El inicio de operaciones de esta organización, de gran presencia en el norte de Nicaragua, coincidió con el retorno al poder de Daniel Ortega, en 2007. El trabajo de la organización se enfocó fundamentalmente en ejecutar proyectos de cooperación externa basados en seguridad alimentaria, gestión de recursos naturales y temas de identidad cultural y social para las comunidades de esa región del país.
La sede de la Fundación estaba ubicada en un terreno de cuatro manzanas (unos 40.000 m2) donde había una oficina de dos pisos para la parte administrativa, un auditorio, un comedor con todo el equipamiento para cocinar los alimentos a las personas que recibían capacitaciones, varias aulas de clases y hasta una cabaña que se construyó para albergar a los docentes que no podían viajar a diario, pero que no se alcanzó a usar por el despojo que sufrieron a manos del Gobierno en diciembre 2018.
Poco más de dos años después, el 21 de febrero de 2021, en la sede donde operaba el ILLS en Nueva Segovia el régimen de Ortega inauguró la Universidad del Campo (Unicam), como sucursal de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua). Y el edificio fue renombrado como Recinto Universitario “General Miguel Ángel Ortez”.
“Nosotros calculamos que había más de 600 mil dólares invertidos de lo que pudimos contabilizar —mencionó su fundadora, Haydeé Castillo—. Pero el daño fundamental es a la sociedad. A mí me duele cuando la gente trata de localizarnos, porque el Instituto era un lugar de referencia para poner denuncias”. La defensora de derechos humanos considera que la causa esencial del desmantelamiento del sistema de participación ciudadana en Nicaragua tiene como trasfondo la intención de eliminar a cualquier organización de la sociedad civil que represente una amenaza para los intereses de los gobernantes.
“Al instaurarse en Nicaragua un régimen dictatorial y autoritario, cualquier voz, cualquier organización que enseñe derechos humanos, promueva derechos humanos, vele por el cumplimiento de los derechos humanos y tenga una incidencia en los asuntos de la nación, constituye -entre comillas- una amenaza”, dijo Castillo.
La líder del ILLS recordó que previo a 2018 habían solicitado al Consejo Nacional de Universidades (CNU) la creación de la Universidad Autónoma de las Segovias, pero no obtuvieron el permiso. “Quedó ahí una donación intacta de 50 mil dólares donados por Alemania. Teníamos todo, el pensum, los docentes, el dinero para pagarle al CNU… y nos denegaron la autorización para hacer la universidad. Esa donación era de aparatos para la carrera de Ingeniería Forestal, había microscopios, de todo”, se lamentó Castillo.
La expropiación de las universidades
La arremetida confiscatoria del régimen nicaragüense también alcanzó a universidades privadas promotoras de la libertad de cátedra y el pensamiento. La primera casa de estudios en ser despojada de su personería jurídica y de sus instalaciones fue la Universidad Hispanoamericana (UHISPAM), propiedad del empresario sandinista Leonardo Torres, hasta ese momento acérrimo defensor de las políticas del gobierno. Ocurrió a mediados de diciembre del 2021.
El monto de lo confiscado asciende a poco más de cuatro millones de dólares, según información concedida por un extrabajador administrativo bajo la condición de anonimato. El informante reveló que esto incluye propiedades en las ciudades de Rivas, Masaya y Managua, infraestructura, tres microbuses y equipos tecnológicos.
Pero la ofensiva oficial contra las universidades privadas continuó. El 2 de febrero de este año, la Asamblea Nacional —a petición del Ministerio de Gobernación— le retiró la licencia de operación a la Universidad Paulo Freire (UPF), así como a la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), la Universidad Católica del Trópico Seco (UCATSE), la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH) y la Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC).
Al mismo tiempo, los recintos donde operaban estas universidades, incluida la UHISPAM, fueron nacionalizados y hoy son parte de la Universidad Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, que en tiempo récord logró la acreditación del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y hasta una asignación presupuestaria. El edificio de la UHISPAM en Managua ya fue rebautizado como “Universidad Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés”, como reza un cartel en la entrada principal.
“El Estado confiscó los bienes, ahí se fueron 15 años de trabajo. Estas cosas están ocurriendo todos los días en Nicaragua”, reclamó Adrián Meza, rector de la Universidad Paulo Freire, otra de las víctimas de esta ola de apropiación de bienes privados. El hombre, que debió exiliarse luego de la agresión del Gobierno contra la universidad que dirigía, aseguró que había activos por casi 500,000 dólares. Solo el edificio central donde operó la UPF, en Managua, está valorado en 300 mil dólares, sin incluir el costo de los mobiliarios. “El Estado confisca los bienes de la universidad, la convierte en universidad pública y para terminar de redondear el negocio le sigue cobrando a los estudiantes como si estuvieran en una universidad privada”, denunció Meza.
Medios, otras víctimas de las confiscaciones
La fuerza bruta, el despojo y el uso extremo de presencia policial ha sido la estrategia de Ortega para avanzar en las confiscaciones contra los medios independientes. El 13 de agosto de 2021, dos meses antes de unas elecciones presidenciales de las que había corrido a todos sus rivales políticos (puestos presos u obligados al exilio), el ex líder guerrillero mandó a la Policía a irrumpir en la redacción del diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua. Se tomaron la redacción, cortaron la energía y apagaron los servidores, dejando incomunicados a los periodistas que ahí se encontraban.
La Policía, principal órgano represor del régimen, oficializó después el allanamiento en una nota que forma parte de una investigación en contra de la Editorial La Prensa Sociedad Anónima y de sus directivos, por los presuntos delitos de “defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos”. Luego de nueve meses, las instalaciones del diario –que dejó de imprimirse debido a la situación— siguen ocupadas por al menos cuatro policías armados ubicados en el parqueo del edificio, junto a una patrulla. Nadie entra y nadie sale. Hasta la enorme bandera de Nicaragua que ondeaba fulgurante en la fachada del edificio se nota deteriorada y sucia.
El antecedente inmediato de esta confiscación ocurrió en diciembre de 2018, cuando los nicaragüenses fueron testigos de la confiscación que se hizo al Canal 100% Noticias, fundado por el periodista Miguel Mora, y a las oficinas donde funcionaba la redacción de Confidencial y Esta Semana, publicaciones que dirige el reconocido comunicador Carlos Fernando Chamorro.
La medianoche del 13 de diciembre de 2018, la Policía robó y saqueó esa redacción. Un día después, la arbitrariedad continuó con la ocupación de las oficinas. Al menos 20 trabajadores quedaron en “el limbo”, sorprendidos por la noticia que rápidamente circuló en la sociedad. En el caso de los periodistas, tuvieron que improvisar en las calles de Managua su sala de redacción para continuar informando los acontecimientos del país.
De las cámaras profesionales y los equipos tecnológicos confiscados al medio de comunicación, ninguna autoridad da respuesta. Todo es un misterio. Actualmente las oficinas de Confidencial son ocupadas por el Ministerio de Salud de Nicaragua; el 23 de febrero de 2021 nombraron el lugar como “Casa Materna Camila López”.
En cuanto a la valuación de los bienes que el Gobierno le quitó a los propietarios de estos medios, Miguel Mora (hoy preso político condenado a 13 años de cárcel) dijo en febrero de 2021 que el desmantelamiento de 100% Noticias podría generar una deuda de cinco millones de dólares no solo al presidente Daniel Ortega, sino también al Estado de Nicaragua a través del erario si la denuncia introducida ante la Corte Interamericana de Justicia (CIJ) resulta a favor de remediar los daños.
Si bien la confiscación de bienes se ha dirigido contra instituciones y empresas, también la han sufrido algunos ciudadanos a manos de militantes sandinistas que no dudaron en exhibir sus banderas políticas al momento de ocupar las propiedades. El caso más trascendente es el del empresario Michael Healy, uno de los 182 presos políticos que mantiene Daniel Ortega aislados en la cárcel de El Chipote.
El hombre que fungió hasta octubre de 2021 como presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada es miembro de una familia a la que militantes del gobierno le han ocupado tres fincas dedicadas a la producción de plátano y caña de azúcar. Hombres con rifles y escopetas aún rondan en las propiedades en las que visiblemente elevan la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Por otro lado está Irlanda Jerez, una comerciante del Mercado Oriental de Managua que se involucró en las protestas cívicas contra el régimen de Ortega en 2018. Como consecuencia, fue procesada por el supuesto delito de estelionato (fraude) y estuvo 329 días en prisión. Recuperó su libertad bajo la polémica ley de Amnistía aprobada por el gobierno.
La postura crítica de Jerez también le costó la invasión de su casa en el residencial Miralagos, una zona de alta plusvalía al sur oeste de Managua. Sujetos armados se tomaron la propiedad y hasta la fecha no ha sido devuelta. No hay ningún documento legal que avale el hecho. También le fueron arrebatados dos vehículos, una Toyota Prado color blanco y un Toyota Corolla color negro. Asimismo, sufrió el saqueo de dos locales comerciales en el Mercado Oriental. Todo ha ocurrido, como en el caso de la familia Healy, sin que las autoridades hayan intervenido, por lo que muchos sospechan de la anuencia del Gobierno en estas ocupaciones.
Una práctica ilegal
Las confiscaciones realizadas por el actual gobierno sandinista son consideradas por expertos como ilegales e inconstitucionales. Martha Patricia Molina, especialista en Estado de Derecho, expone que es una clara violación a la ley expresa de la República. “La constitución política de Nicaragua establece de manera muy clara en el artículo 44 el respeto a la propiedad privada, respeto a bienes muebles e inmuebles y bienes de producción”, precisa la jurista.
Explica que la única excepción es lo referido a la expropiación cuando hay una “justa indemnización” y segundo, cuando los bienes privados son declarados de “utilidad pública o interés social”, lo cual no es el caso de las propiedades mencionadas en este reportaje. “Esto no es como lo que establecía la constitución política de 1987, que sí permitía la confiscación y es por eso que, en años posteriores, una vez que regresó la democracia a Nicaragua con el gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, el Estado se encargó de indemnizar a las personas que habían sido confiscadas”, refiere Molina recordando la Piñata sandinista. En este sentido, una publicación de la revista Magazine el 8 de febrero de 2021 reveló que las prácticas de los años ochenta le costaron al Estado de Nicaragua 2,200 millones de dólares. Algunas de esas deudas aún se continúan pagando.
Yader Morazán, quien fungió como secretario de despacho en el Poder Judicial de Nicaragua entre 2010 y 2018, asegura que “se ha utilizado todo el aparato estatal para realizar confiscaciones de facto, que ni siquiera tienen el aval de la ley, mucho menos un procedimiento con un mínimo de apariencia de legalidad. Se hace a espaldas de la persona perjudicada y no se le da ni siquiera la oportunidad de defenderse, alegar o apelar”, expone. El jurista, hoy en el exilio, considera que este tipo de medidas del gobierno son “un mecanismo de presión a la clase privada de Nicaragua para apropiarse de sus negocios y continuar enriqueciéndose”.
Tanto Morazán como Molina coinciden además en que estas acciones sientan un mal precedente a lo interno del país y a nivel internacional. “Esto desalienta la inversión y no da seguridad jurídica a los nicaragüenses. También promueve la fuga de capital a otros países donde el capital está más seguro”, advierte el ex funcionario judicial.
En este contexto, dos nuevas y polémicas medidas del régimen de Ortega suman incertidumbre a las víctimas de estas confiscaciones. Por un lado está la Ley General de Regulación y Control de Organizaciones Sin Fines de Lucro, aprobada el pasado 31 de marzo por la Asamblea Nacional. Un especialista en la prevención de lavado de dinero explicó —en condición de anonimato— que sólo “busca legalizar las apropiaciones que ya han venido sufriendo las ONG en Nicaragua”.
En este sentido, la polémica normativa en su artículo 47 establece que “cuando la cancelación (de la organización) se derive de las causas establecidas en los numerales del 2 al 9 de este artículo, el patrimonio del OSFL pasará a ser propiedad del Estado”. Y por el único motivo que no sucederá lo anterior es por “disolución y liquidación”.
Pero no es la única “arma legal” que exhibe el régimen para aplastar a sus opositores. A principios de mayo trascendió un informe de la Asamblea Nacional que propone incrementar de 15 a 20 años de cárcel las condenas contra los futuros presos políticos en Nicaragua –juzgados por “traición a la patria”-. Y a la par, confiscarles sus bienes a través de la figura jurídica de “extinción de dominio”.
En los países donde se aplica esta figura, tiene el objetivo de que los bienes obtenidos por la corrupción de condenados por esta causa queden en manos del Estado. Es decir, no es una novedad la estrategia que plantea el sandinismo; lo que es nuevo es que la usen para “legalizar” próximos robos de inmuebles y otros bienes de personas que no los obtuvieron en forma ilegal. Y que permanecen detenidos tras ser condenados en juicios que las organizaciones de derechos humanos internacionales consideran una farsa.
Al momento de cerrar este reportaje, las cancelaciones de ONGs en Nicaragua seguían incrementándose, así como la represión a la prensa, la persecución en las universidades y el endurecimiento de las condiciones de detención de los llamados “reos de conciencia”. Todos ellos han sido víctimas –o pueden serlo- de una práctica ilegal como las confiscaciones que rompe todos los límites de las normas jurídicas y de la mismísima Constitución de Nicaragua, para la que la propiedad privada es un derecho. Aunque Ortega y los suyos no estén de acuerdo.