Oficialmente, Uruguay se pronunció en contra de la detención y persecución penal a la que han sido sometidos dirigentes políticos de la oposición y posibles candidatos a las elecciones de Nicaragua, que se celebrarían el 7 de noviembre. En el Parlamento, la coalición promueve dos mociones de condena al “régimen” encabezado por Daniel Ortega, tema que genera divisiones en el Frente Amplio.
Sin dar nombres, la Cancillería instó al gobierno de Nicaragua a liberar “de inmediato” a los potenciales candidatos presidenciales (Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Cristiana Chamorro y Arturo Cruz) y a tomar “las medidas pertinentes” para llevar a cabo un proceso democrático y reconocido internacionalmente. Al mismo tiempo, la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el arresto de los mencionados líderes opositores.
A su vez, en el Senado la coalición presentó una moción (la cual será discutida la semana próxima) que expresa el rechazo ante la detención de los candidatos opositores a Ortega, exhorta a la liberación de todos los presos políticos e insta al gobierno de Nicaragua a que “restablezca un clima institucional que haga posible la celebración de las elecciones”.
En la Cámara de Representantes, el Partido Nacional por medio del diputado Juan Martín Rodríguez presentó un proyecto de resolución de cuatro puntos donde se cuestiona la “represión política del régimen encabezado por Ortega” y demanda la liberación de los candidatos detenidos, así como de 120 presos políticos. El asunto estará hoy sobre la mesa en la sesión de la Cámara Baja.
“El señor Ortega viene ratificando lo que hace varios años se viene denunciando respecto a la violación contumaz de los derechos humanos. Como dijo (el presidente Luis) Lacalle Pou cuando era parlamentario: ‘Ortega es cada vez más Somoza y menos Sandino’”, afirmó Rodríguez.
A nivel del Frente Amplio hay diferentes posiciones al respecto. El diputado Gustavo Olmos (Fuerza Renovadora) ha sido uno de los más críticos con el gobierno de Ortega, pero otros como el Partido Comunista y las bases son más cautos y reclaman que se hable también de lo que sucede en Colombia o la encarcelación de Milagro Salas en Argentina.
Consultado por el diario El País, Olmos señaló que desde el año 2008 “hay una concentración de poder por parte de Ortega que ha llegado a una situación inaceptable”. Consideró que se generó nepotismo “con niveles de corrupción muy altos” y “trabas para la participación de la oposición que lo desacreditan como democracia”. Indicó que se deben reclamar elecciones libres y sin candidatos presos.
Olmos dijo que está de acuerdo con que el Parlamento exprese la crítica al gobierno de Nicaragua y a los “atropellos” que se han cometido, pero dejó en claro que el texto será acordado con la bancada del Frente Amplio. Ayer, la oposición evaluó la presentación de una alternativa al texto impulsado por la coalición.
El Partido Socialista aprobó una declaración donde condenó “todas las violaciones a los derechos humanos”, que incluyen la persecución (de fuerzas policiales y paramilitares) a ciudadanos, así como a dirigentes y partidos opositores.
Por su parte, el senador José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) señaló a El País que desde el FA se piensa hacer una redacción alternativa a la presentada por senadores de la coalición. “Vamos a tratar de sacar una propuesta que sea consistente con la defensa de la democracia y las libertades”, explicó.
El secretario general del Partido Comunista Juan Castillo, manifestó su desacuerdo con las declaraciones del Partido Socialista y de Olmos. “Tenemos matices y diferencias, porque cuando nos sirve usamos el principio de autodeterminación de los pueblos y cuando no nos sirve, no”, afirmó a El País. Además señaló que “cuesta” hacer declaraciones cuando se “marca la agenda” de lugares como la OEA y Estados Unidos.
“Se hacen cuestionamientos cuando no te caen en simpatía y nos hacemos los distraídos, por ejemplo con Milagro Salas que también es una presa política en Argentina”, dijo Castillo. Además, cuestionó que nadie hable de la “injerencia externa” en países como Bolivia, Ecuador y del “respeto de los derechos humanos en Chile”, o que no se condene al gobierno de Iván Duque en Colombia.
*El País de Uruguay