*Por Expediente Público
La detención de cuatro candidatos a la nominación presidencial y otros tres líderes opositores en Nicaragua resonó en los más altos círculos políticos de Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este 9 de junio sanciones contra cuatro funcionarios del Gobierno de Nicaragua, incluyendo a Camila Ortega Murillo, quien, a pesar de tener un cargo menor como coordinadora de la Comisión de Economía Creativa, es la figura más visible de la familia a la par de sus padres, el presidente y la vicepresidenta Daniel Ortega y Rosario Murillo. A Camila Ortega Murillo se le vincula al Canal 13 de televisión, propiedad de la familia presidencial.
Además, fueron designados el jefe de bancada parlamentaria y operador político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro, al presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes y al director del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), Julio Rodríguez Balladares, es decir, quien maneja los negocios del Ejército de Nicaragua.
El secretario de Estado Antony Blinken tuiteó un llamado a liberar a los opositores arrestados en la última semana, mientras el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió al Consejo Permanente atender “con urgencia” la crisis de Nicaragua y una posible aplicación de la Carta Democrática, con la cual se aislaría internacionalmente al régimen sandinista.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, hizo un llamado “al presidente Daniel Ortega y al gobierno de Nicaragua para que liberen de inmediato a los candidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, y a otros líderes de la sociedad civil y de la oposición que han sido arrestados”.
El gobierno de Joe Biden “condena estas acciones en los términos más inequívocos y responsabiliza por la seguridad y bienestar (de los presos políticos) al presidente Ortega y a quienes ejecutan sus órdenes autoritarias”. Price agregó que los arrestos contra estos líderes y precandidatos opositores ha provocado que periodistas independientes, activistas y líderes estudiantiles hayan pasado a la clandestinidad.
El Gobierno de Nicaragua reaccionó a las sanciones y los llamados con un comunicado donde califica de “colonialista e injerencista” las acciones de Washington.
Congresistas alarmados
El 9 de junio durante una audiencia virtual pública del Subcomité de Derechos Humanos Tom Lantos, del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, el congresista James McGovern señaló de peligrosa la escalada autoritaria del presidente nicaragüense, tras el arresto de opositores en las dos últimas semanas.
“Uno de los líderes de oposición que Daniel Ortega acaba de arrestar es Arturo Cruz quién es mi amigo y lo conozco desde hace muchos años. Él y yo tenemos diferencias políticas, no estamos de acuerdo en todo, pero me preocupa su seguridad. Y pienso que que es una situación muy triste que múltiples líderes de la oposición estén en arresto domiciliar o en prisión. Y creo que es algo muy peligroso”, dijo McGovern.
El 8 de junio la policía arresto a los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, a la activista Violeta Granera, a quien mantienen en bajo resguardo en su residencia, y al representante empresarial, José Adán Aguerri. Días antes dieron casa por cárcel a Cristiana Chamorro y apresaron a Cruz.
El mismo 9 de junio fue detenido el jurista José Pallais y fue circulado para su detención el expresidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), Mario Arana.
Pallais y Granera son miembros de la Coalición Nacional, mientras Arana y Aguerri son dirigentes de la Alianza Alianza Ciudadana, los principales grupos opositores.
A todos los opositores se les procesa con la “Ley de los Pueblos”, que establece la figura de “traición a la Patria” contra los ciudadanos que gestionen sanciones a la comunidad internacional contra el régimen de Ortega por los abusos a los derechos humanos y la represión.
En la audiencia especial del subcomité titulada “Independencia Judicial en Centroamérica”, participaron los congresistas McGovern, Christopher Smith, Norma Torres y Sheila Jackson. Además, sirvieron con testimonios las voces de expertos como la directora para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, Claudia Paz y Paz, el director de políticas e iniciativas estratégicas del Instituto Internacional Seattle, Eric Olson y el asesor de Centro de Estrategias y Estudios Internacionales, Mark Schneider, entre otros.
Olson: es resultado de la corrupción
“Lo que está ocurriendo ahora mismo en Nicaragua es el resultado de la corrupción sistémica y la cooptación del Estado”, sostuvo Olson.
La perspectiva de los presos políticos es difícil porque no existe un Poder Judicial independientes ni jueces que suspendan dichas leyes por las razones constitucionales, dijo el experto.
Según Olsen los políticos en el poder minan la independencia judicial en Centroamérica, pero en el caso de Honduras y Nicaragua estas acciones se registran desde mucho antes.
“En los últimos años Ortega ha erosionado sistemáticamente la independencia de todos los mecanismos de fiscalización y transparencia, incluso la contraloría y el mismo sistema judicial”, dijo Olson ante los congresistas.
“El régimen usa el Parlamento para aprobar numerosas leyes designadas específicamente para socavar a actores políticos independientes, la prensa independiente y la sociedad civil. En días recientes detuvieron, arrestaron y maltrataron a diversos líderes opositores bajo cargos falsos para descalificarlos como candidatos y no hay un sistema de justicia independiente para apelar. En estos momentos los abusos continúan”, insistió Olson.
Por su parte, Paz y Paz, quién fue expulsada de Nicaragua en 2018 por documentar los crímenes de lesa humanidad como parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes explicó que “la captura de los sistemas de justicia es una estrategia de los grupos de poder para debilitar la democracia y limitar el estado de Derecho y asegurar impunidad ante la corrupción y las graves violaciones a los derechos humanos”.
Schneider, del Centro de Estrategias y Estudios Internacionales, propuso en su intervención que los bancos multilaterales condicionaran sus desembolsos de préstamos y donaciones a Nicaragua a condiciones de respeto al Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción.