*Edmundo Jarquín
La popular expresión, contar al derecho y al revés, es decir, minuciosamente, se puede aplicar a las elecciones en Estados Unidos y otros países democráticos, en que los votos se cuentan bien. También por analogía, en sentido diametralmente opuesto, a Nicaragua.
Con motivo de la incertidumbre que se generó en las elecciones de Estados Unidos y la recurrencia al poder judicial para interponer reclamos sobre las votaciones, en las redes circuló una caricatura en la cual el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un señalaba que “lo he dicho siempre: unas elecciones con más de un candidato son un problema”.
Así piensa Daniel Ortega, y lo ha demostrado desde que regresó al gobierno en enero de 2007, reeligiéndose de manera fraudulenta en varias ocasiones, hasta reformar la Constitución para establecer la reelección indefinida. Y en un extremo dictatorial, en 2016 excluyó de la contienda electoral a cualquier candidato que le pudiera hacer sombra, como fue el desafío que le planteó Fabio Gadea Mantilla en las elecciones de 2011. Con Ortega, en cualquier elección, los votos se han contado según su voluntad.
Los resultados de las elecciones en los Estados Unidos, y las que tendrán en varios países de América Latina en 2021, no modificarán en absoluto la posición de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que en su reciente Asamblea General definió las condiciones mínimas para que las elecciones a realizarse en Nicaragua en noviembre del próximo año, sean creíblemente democráticas. De no establecerse esas medidas, el gobierno de Nicaragua que resulte de esas elecciones corre el riesgo de ser desconocido, como es el caso del régimen de Maduro en Venezuela.
A su vez, en los Estados Unidos se ha recurrido al Poder Judicial, en un ejercicio de efectiva separación de poderes. Es totalmente cierto que el Presidente de ese país, según su ideología conservadora, centrista o progresista, selecciona a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y así los propone al Senado. Y esos magistrados no se desprenden de su orientación política, pero ante todo tienen en cuenta la legalidad de sus decisiones.
Así ocurre en países democráticos, con todo y los defectos de ese sistema, que se corrige tanto en cómputo de votos como en su sistema de representación. Diferente es el caso de Nicaragua, en que la justicia está dependiente de la voluntad de Ortega y no de la legalidad. Lo hemos visto en casos civiles, penales y administrativos, y lo mismo ocurre con la Asamblea Nacional, que aprueba leyes para disfrazar de legalidad a la represión dictatorial.
Pero en el caso de Nicaragua no se trata solamente de una dictadura, sino además que es totalitaria. Solamente así se explica lo que ha ocurrido con la Diócesis de Siuna y otras instituciones, sean o no religiosas, en que el gobierno ha prohibido la recaudación de alimentos y otros enseres para beneficio de los damnificados. Miles y quizá decenas de miles de personas afectadas por el huracán ETA, podrían estar beneficiadas frente a esa calamidad. Pero en el fondo, además de perjudicar a las víctimas, el propósito es impedir legitimidad de la Iglesia, como si esa legitimidad procediera únicamente de la caridad -que en definitiva, es expresión de solidaridad humana- y no de la justicia y libertad que reclama para todos, sean o no católicos.
Así se explican las protestas acumuladas que explotaron en abril de 2018 y que derivaron en la masacre. Y así se explica también el repudio y oposición de todos los sectores, cuya unidad, de la cual somos militantes por encima de naturales diferencias políticas, y que inevitablemente llegará más temprano que tarde, si es que tenemos elecciones verdaderamente democráticas.