Corte Interamericana de DDHH acusa de “desacato” al régimen de Ortega por no liberar a presos políticos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), acusó el lunes al régimen de Daniel Ortega de “desacato” por no cumplir las medidas adoptadas por el organismo respecto a la liberación de más de 20 presos políticos, detenidos desde mayo pasado.

A juicio de la Corte, la posición asumida por Nicaragua, de acuerdo con la cual no hay ninguna voluntad de cumplir con lo ordenado por la Corte, constituye un acto de evidente desacato de las decisiones de esta Corte, contrario al principio internacional que impone al Estado el deber de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe”, dice la resolución de la Corte IDH.

El organismo internacional ya ha trasladado, en hasta tres resoluciones, la necesidad de que el régimen excarcele a los presos políticos y ahora ha avanzado que someterá a consideración de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) este desacato.

Frente a un incumplimiento manifiesto por parte de uno de los Estados de una decisión que ordena medidas provisionales, es deber de esta Corte someter dicho incumpliendo a la Asamblea General de la OEA, en virtud del artículo 65 de la Convención, así como es deber de esta última asegurar el oportuno cumplimiento de las decisiones mediante la adopción de medidas institucionales de carácter colectivo que sean eficaces, oportunas y expeditas para asegurar el efecto útil de la Convención Americana”, apuntó la Corte.

La Corte someterá a consideración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el desacato en el que ha incurrido Nicaragua”, insistió.

Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), esta decisión de la Corte de someter ante la OEA “no tiene precedentes recientes” y nace del “incumplimiento” del régimen orteguista de las resoluciones de la Corte Internacional de Derechos Humanos.

Para el CENIDH, esta resolución evidencia el “empeño de los organismos del sistema interamericano de protección a los Derechos Humanos de los nicaragüenses, víctimas del régimen Ortega-Murillo”.

Según el texto de la Corte IDH, el régimen de Ortega “no solo no ha presentado los informes requeridos en relación con las disposiciones adoptadas para dar cumplimiento a las medidas provisionales, sino tampoco ha implementado las medidas de protección ordenadas en favor de los beneficiarios”.

Y que, por el contrario, “ha manifestado de forma reiterada a este Tribunal su ‘postura de no aceptación y rechazo’ de las medidas provisionales, con fundamento, entre otros, en el hecho de que los beneficiarios estarían siendo procesados por la alegada comisión de conductas punibles, pese a que es un principio general de derecho que los Estados no pueden alegar disposiciones de derecho interno para incumplir sus obligaciones internacionales”.

La Corte IDH zanjó que “es un principio general de derecho que los Estados, al dar cumplimiento a los tratados de los que son parte, deben abstenerse de invocar disposiciones de derecho interno como fundamento para el incumplimiento de sus compromisos internacionales”.

Esta Corte concluye que la manifestación de no aceptación y rechazo del Estado a las medidas provisionales adoptadas por esta Corte, la prolongación de la detención de la mayoría de los beneficiarios de las medidas provisionales en las condiciones informadas por los representantes y por la Comisión y el riesgo de ser detenida en circunstancias similares en que se encuentra una de ellos, mantiene a todas las personas beneficiarias en un estado de desprotección que implica, a su vez, un grave incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63.2 de la Convención. Por esa razón, en atención a lo dispuesto en el artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en virtud de la noción de garantía colectiva, esta Corte someterá a consideración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el desacato de Nicaragua a sus decisiones”, argumentó.

BENEFICIARIOS CON MEDIDAS PROVISIONALES

La Corte IDH a otorgado medidas provisionales a favor de: Juan Sebastián Chamorro García, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón, Lesther Lenin Alemán Alfaro, Freddy Alberto Navas López, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Walter Antonio Gómez Silva, Marcos Antonio Fletes Casco, Pedro Salvador Vásquez Cortedano, Arturo José Cruz Sequeira, Luis Alberto Rivas Anduray, Miguel de los Ángeles Mora Barberena, Jorge Hugo Torres Jiménez, Víctor Hugo Tinoco Fonseca y José Bernard Pallais Arana, y de las señoras Violeta Mercedes Granera Padilla, Daisy Tamara Dávila Rivas, Cristiana María Chamorro Barrios, Lourdes Arróliga, Dora María Téllez Arguello, Ana Margarita Vijil Gurdián y Suyen Barahona Cuán y sus núcleos familiares en Nicaragua.

Asimismo, la Corte IDH a demandado al Estado “para que se abstenga de ordenar la detención o cualquier otra medida restrictiva de la libertad de la señora Lourdes Arróliga”, extrabajadora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

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