La Corte Penal Internacional (CPI) emitió el viernes una orden de captura contra el presidente ruso, Vladimir Putin, acusándolo de ser responsable de crímenes de guerra cometidos en Ucrania.
Moscú ha negado reiteradamente las acusaciones de atrocidades durante la invasión a su vecino, que se ha prolongado por un año.
Asimismo, instruyó el arresto de la funcionaria rusa Maria Alekseyevna Lvova-Belova.
La detención de ambos fue solicitada por la deportación ilegal y traslado ilegal de niños, de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia.
Lvova-Belova es la funcionaria rusa en el centro del presunto plan para deportar por la fuerza a miles de niños ucranianos a Rusia.
La CPI emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, diciendo que Putin es “presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.
Agregó: “Los crímenes supuestamente se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados, (i) por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros… y (ii) por no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos”.
Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente Ruso también fue “presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños)” de las partes ocupadas de Ucrania, según a la CPI.