A principios de marzo, algunos diputados liberales llegaron al Parlamento de Nicaragua con sus rostros cubiertos por mascarillas. Dos legisladores del partido de Daniel Ortega, los mediáticos Edwin Castro y Wilfredo Navarro, se burlaron inmediatamente de sus colegas en plena sesión legislativa. El diputado Castro, jefe de la bancada sandinista, fue más allá. Se levantó de su curul, fijó en la pantalla de su móvil el meme de un astronauta y lo mostró por todo el hemiciclo para burlarse del temor a la pandemia. Los sandinistas soltaron risotadas.
Tres meses después de ese episodio, en pleno brote del coronavirus en este país centroamericano, Castro fue internado con síntomas del virus. Un primo y asesor parlamentario del legislador Navarro, Roberto Moreira, murió por la COVID-19.
Castro fue hospitalizado en el Hospital Militar, en Managua, y desde entonces desapareció del Parlamento. Mientras que Navarro pasó de minimizar la COVID-19 constantemente en la televisión oficialista a “fumigar con alcohol hasta los bocadillos que le sirven” en su despacho, según dijo el diputado liberal Maximino Rodríguez, uno de los que llegó con mascarilla al plenario en marzo.
Castro y Navarro no son los únicos fieles a Ortega afectados por la COVID-19. En el último mes, más de una veintena de funcionarios que negaban y minimizaban el peligro del coronavirus han fallecido o resultado contagiados.
En la lista figuran más diputados sandinistas, así como prominentes funcionarios públicos: ministros, alcaldes, comisionados policiales, asesores económicos y hasta el director por Nicaragua ante el Banco Interamericano de Desarrollo Centroamericano (BCIE), el economista Armando Navarrete.
Rosario Murillo ha revelado a cuentagotas que algunos funcionarios e integrantes del partido sandinista han muerto. “Queda su legado, su valentía, y sobre todo ese amor con el que sirvieron en todo momento al pueblo nicaragüense”, dijo el martes en referencia a los fallecidos.
Murillo hizo el anuncio en pleno ascenso del contagio local y comunitario del virus, advertido por el personal sanitario local y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pero que el régimen niega.
Estimaciones independientes advierten que en Nicaragua existen más de 4.000 casos positivos y 980 muertes, contra los 1.118 confirmados y las 46 muertes reportadas hasta ahora por el Ministerio de Salud (MINSA).
Murillo no atribuyó al coronavirus las muertes en sus filas, siguiendo de esa manera la política de “disfrazar” las muertes relacionadas con la pandemia bajo otras enfermedades, han denunciado especialistas y médicos. En el discurso de Murillo resaltaron dos altos funcionarios sandinistas. Primero, el ministro de telecomunicaciones Orlando Castillo, sancionado por Estados Unidos en 2019 “por censurar medios de comunicación”. Y segundo, el alcalde de la ciudad de Masaya Orlando Noguera, quien dirigió parte de la brutal represión contra los ciudadanos de esa localidad durante las protestas antigubernamentales de 2018.
Tanto Castillo como Noguera fallecieron esta semana en salas hospitalarias destinadas a la atención exclusiva de pacientes con sintomatología de la COVID-19. Diversas fuentes médicas confirmaron que los funcionarios sufrieron cuadros clínicos complicados y uno de ellos fue intubado para socorrer su respiración. Pese a ello, Murillo no reconoció los contagios. En la ciudad de Masaya, a 30 kilómetros al sur de Managua, el alcalde Noguera fue enterrado de forma exprés, como establece el protocolo para las defunciones asociadas a la pandemia.
“Un castigo divino”
Aunque el sepelio exprés confirmó el rumor de que Noguera estaba contagiado de la COVID-19, lo que primó para los habitantes de Masaya fueron los festejos.
Mientras sepultureros ataviados en trajes de protección sepultaban al edil, bombas y cohetes eran explotados por los ciudadanos que sufrieron la represión, comandada por Noguera en 2018, según organismos de derechos humanos. Un habitante de Masaya, que lanzó petardos por la muerte del alcalde, aseguró al diario EL PAÍS que la “COVID-19 hizo la justicia que todos mis hermanos asesinados en 2018 no han podido tener en este país”.
Las muertes y contagios de todos los funcionarios y simpatizantes sandinistas -que se van conociendo gracias a filtraciones médicas o de familiares- son interpretadas por buena parte de la población opositora al régimen de Ortega como una especie de “castigo divino”. Sobre todo, la de personajes que estuvieron involucrados directamente en la represión de 2018, y que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejó un saldo de 325 asesinados, catalogados como “crímenes de lesa humanidad”.
Por ejemplo, así se han interpretado las muertes por coronavirus del comisionado Olivio Hernández Salguera, jefe de la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional. O de la sindicalista y diputada Rita Fletes, quien se declaró “hija de Daniel Ortega”.
Además de los funcionarios, entre los contagiados por la COVID-19 sobresalen personajes populares afines al régimen de Ortega, como el comerciante de pollos Juan Caldera. Caldera ganó relevancia en redes sociales al mofarse del coronavirus en su perfil de TikTok, emulando la voz del narcotraficante Pablo Escobar. “Me burlé del COVID y pagué caro mi descuido”, admitió Caldera al diario La Prensa, luego de permanecer 14 días hospitalizado en estado grave al dar positivo para coronavirus.
No solo la cúpula sandinista ha sido trastocada por la pandemia. También han sido afectados simpatizantes de base del régimen, como el trabajador del aeropuerto internacional de Managua Elder Rodríguez, fallecido el 11 de mayo. Las órdenes del régimen de minimizar la pandemia han pasado factura a peloteros, luego de que las autoridades se negaron a suspender el campeonato de béisbol de primera división. O a médicos como Félix Bravo, director de un centro de salud en el departamento de Carazo, quien se declaraba leal “a la causa sandinista y la del comandante Ortega”. El doctor Bravo asistió a todas las marchas y actividades convocadas por Murillo entre marzo y abril, y falleció el 20 de mayo producto de “neumonía atípica”, la manera más común para referirse a la COVID-19 en Nicaragua.
*Con información de EL PAÍS / Wilfredo Miranda