La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) desmintió la tarde de este jueves los rumores sobre el cierre del organismo a causa de la “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”; es más, informó que desde el mes pasado ha tratado de inscribirse como “agente extranjero” ante el Ministerio de Gobernación (MIGOB), pero les ha sido imposible.
“La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua continúa desarrollando sus labores de forma normal, brindando atención a la población en sus oficinas y realizando las actividades propias de la Comisión en los territorios”, dijo Denis Darce, subdirector de la CPDH.
“Rechazamos los rumores que han comenzado a circular a través de las redes sociales sobre una supuesta suspensión, lo cual no tiene fundamentos. CPDH reitera su compromiso con el pueblo de Nicaragua y continuamos trabajando en la defensa de los derechos humanos”, añadió Darce.
La legislación conocida también como “Ley Putin” obliga a todas las personas y organizaciones que reciben financiamiento de organismos internacionales a registrarse como “agentes extranjeros” ante el MIGOB, controlado por el orteguismo.
La CPDH aclaró que pese a rechazar la normativa ha tratado de inscribirse ante el MIGOB para cumplir con la ley; no obstante, les ha sido imposible debido a “absurdos” requisitos que las autoridades les han pedido.
“Con la puesta en vigencia de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, iniciamos el proceso de inscripción de la CPDH para cumplir con lo que manda la ley. En estos momentos nos encontramos en el proceso de entregar la información solicitada por la oficina del Ministerio de Gobernación”, reza un comunicado del organismo.
“También hemos venido documentando todas las limitaciones que al ejercicio de nuestros derechos han venido imponiendo las instituciones del Estado entre la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario y el mismo Ministerio de Gobernación”, agregó la CPDH.
Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH, afirmó que el organismo sigue trabajando “aun con la presión que tenemos de parte de las autoridades”.
“Nosotros como CPDH vamos a cumplir en tiempo y forma de todos los requerimientos que ha impuesto Ministerio de Gobernación con esta ley de agentes extranjeros, aun cuando sabemos que es una ley nefasta, nociva, antidemocrática, vamos a cumplir para no estar al margen de la ley”, explicó Carmona.
Agregó que cada día que acuden al MIGOB, piden información adicional a la que presentan. “Lo peor del caso es que, ni siquiera nos están recibiendo la documentación, ni siquiera nos dicen por escrito, porque cuando presentamos la documentación, nos salen con otro requisito”, denunció el secretario ejecutivo.
“Me imagino que esas son técnicas para señalar ante la opinión pública que no estamos cumpliendo con los requisitos. Nosotros vamos a proceder conforme los recursos legales que tenemos porque definitivamente vemos una mala intensión del Ministerio de Gobernación de no querer que iniciemos el proceso de inscripción como ‘agentes extranjeros’”, valoró Carmona.
Karla Sequeira, abogada de la CPDH comentó que unos de los requisitos que les han pedido es aclarar cuentas contables del 2015 y 2016. “Nosotros hemos tratado de todas las formas habidas y por haber de hacer una declaración a cerca de las cuentas, sin embargo la funcionaria siempre nos pide otros requisitos completamente absurdos”, expuso.
“Estamos viendo que existe una retardación, están jugando al juego del gato y del ratón, donde realmente no tienen una verdadera voluntad de aceptarnos la documentación por más que nosotros llegamos constantemente”, declaró la abogada.
La ley mencionada, clasifica como “agente extranjero” a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad “que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua”.
Establece multas, sanciones y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos, y la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG si intervienen en “cuestiones, actividades o temas de política interna”.
Además, ordena que los clasificados como “agentes extranjeros” no podrán participar en la vida política nacional, incluso si son nicaragüenses.