La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) calificó el miércoles de “negligente e indolente” la actitud del régimen de Daniel Ortega hacia los nicaragüenses varados en Panamá.
Esta organización “lamenta la actitud negligente e indolente de nuestras autoridades”, dijo en rueda de prensa el asesor legal, Pablo Cuevas.
El abogado argumentó que el régimen de Ortega ha permitido el ingreso de solo 189 ciudadanos nicaragüenses en un período de cinco días, mientras otros 900 permanecen hacinados en centros de albergue de Chiriquí, cerca de la frontera con Costa Rica, expuestos al contagio de la COVID-19 u otras enfermedades.
Según Cuevas, Ortega está incumpliendo con un compromiso de que permitiría el ingreso de 100 ciudadanos cada ocho horas, es decir 300 diarios.
La nueva orientación, que no ha sido anunciada oficialmente por el régimen, es que permitirá el ingreso de 100 nicaragüenses los días martes y viernes, según dijo el abogado de la CPDH.
Es decir, “para que ingresen los más de 900 nicaragüenses que se encuentran varados en Panamá tendrán que pasar más de cuatro semanas”, anotó.
Para Cuevas, existe una “ausencia total de autoridad del Estado en el auxilio” de sus ciudadanos en medio de la crisis sanitaria.
Criticó, además, que sean las autoridades panameñas las que estén velando por la protección de los nicaragüenses, cuando la misma Constitución Política obliga al Estado de Nicaragua a proteger a los suyos en el extranjero a través de sus embajadas.
“Hay una omisión delictiva de las autoridades y, por tanto, hay violación a la Constitución”, alegó.
Los nacionales llevan varias semanas intentando volver al país luego de haber perdido los medios de vida que tenían en Panamá, a causa de la pandemia de coronavirus, pero han enfrentado dificultades por las restricciones migratorias en Nicaragua, a pesar de que el país no ha cerrado sus fronteras.
Datos de las autoridades panameñas indican que unos 1.180 nicaragüenses buscan viajar por tierra hacia su país.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el régimen de Daniel Ortega ha negado la entrada a más de 500 nacionales desde que la pandemia fue decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuales permanecen en países vecinos, incluyendo islas en el mar Caribe y barcos en altamar.