Cristiana Chamorro, directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) interpuso este jueves un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida como “Ley Putin”, por considerar que esta viola todos los derechos de los nicaragüenses.
Chamorro y una delegación de la Fundación fueron asediados por la Policía Orteguista al llegar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a como se le ha hecho costumbre a esta institución.
“Vamos a presentar este recurso de inconstitucionalidad porque sentimos que la Ley de Agentes Extranjeros nos viola todos nuestros derechos, no solo a una ciudadana como esta, sino que a todos los nicaragüenses. Nos quieren incriminar y declarar ‘traidores a la patria’”, dijo Chamorro hija de la expresidenta Violeta Barrios y del mártir de las libertades públicas, el periodista Pedro Joaquín Chamorro.
“Cuando salimos del gobierno doña Violeta Chamorro salimos con la convicción de que las tareas del desarrollo no son únicamente de los gobiernos, sino de la ciudadanía que debe trabajar por el bien común, es por eso que fundamos una organización que está al servicio de la libertad de expresión y libertades públicas que hoy nos quieren quitar. Nos quieren afectar, por eso venimos a poner un recurso de amparo, esperamos la Corte Suprema escuche y que termine con esa ley que nos trata como traidores a la patria”, agregó.
Chamorro sostuvo que esta ley también afecta a los donantes que han tenido una voluntad de servicio y cooperación con Nicaragua, y los incrimina “tratándolos también como delincuentes”.
“Mi padre como murió abrimos su testamento político y mí me impresionó cuando decía: no me dolieron tanto las cárceles, ni me dolieron tanto las torturas, pero si me dolió que me trataran de ‘traidor a la patria’, por tanto, ‘no voy a ir a los juicios políticos a defenderme de eso’; por eso los nicaragüenses no podemos aceptar esta ley de extranjeros que nos incrimina a todos”, relató.
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros —aprobada por el Parlamento bajo control del orteguismo— entró en vigencia el 19 de octubre y comenzará a aplicarse a partir del 19 de diciembre.
La ley de agentes extranjeros establece multas, sanciones, y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos a las personas, además de la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG, si el régimen Ortega-Murillo considera que estas intervienen en “cuestiones, actividades o temas de política interna”.
Esa ley clasifica como “agente extranjero” a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad “que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua”, según el texto.
Asimismo, establece que los clasificados como “agentes extranjeros” no podrán participar en la vida política nacional, incluso si son nicaragüenses, justo cuando falta menos de un año para las elecciones que decidirán el futuro del dictador Daniel Ortega, quien se mantiene en el poder desde 2007.