A cinco meses de las elecciones generales en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega incrementó su represión contra los principales líderes de la oposición del país. Hasta este 14 de junio ha secuestrado a 15 ciudadanos, entre ellos precandidatos presidenciales y dirigentes de diferentes agrupaciones políticas y de la sociedad civil.
La Mesa Redonda hace esta crónica sobre los secuestros a manos de la Policía Orteguista y paramilitares que actúan bajo las órdenes de la dictadura de Ortega y de su mujer Rosario Murillo, y que a la vez han sido condenados por la comunidad internacional.
MARCOS FLETES Y WALTER GÓMEZ
La noche del 28 de mayo, Marcos Fletes, ex contador de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), fue secuestrado por paramilitares armados en el sector de Los Robles, Managua. Ese mismo día, se conoció del secuestro de Walter Gómez, ex administrador financiero de la Fundación, quien se encontraba en su casa de habitación.
“La dictadura ya ‘estrenó la ley de los 90 días’, dictó prisión preventiva contra Walter Gómez y Marcos Fletes, ex trabajadores de la FCBCh”, informó un día después la abogada María Asunción Moreno, miembro de la Alianza Ciudadana.
Fletes y Gómez fueron los primeros a quienes el régimen de Daniel Ortega a través del Poder Judicial les aplicó la reforma al Código Procesal Penal de Nicaragua que amplía de 48 horas a 90 días la prisión preventiva para las personas sospechosas de algún delito, y que fue aprobada el 2 de febrero por la mayoría orteguista de la Asamblea Nacional.
Los dos arrestos forman parte de una supuesta investigación por “lavado de dinero” contra Cristiana Chamorro, exdirectora de la organización, que suspendió operaciones en febrero de este año, tras la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros.
CRISTIANA CHAMORRO
El 2 de junio, la casa de la periodista y aspirante presidencial Cristiana Chamorro fue allanada por la Policía Orteguista y desde esa fecha permanece bajo arresto domiciliario por orden de la jueza Karen Chavarría, bajo el argumento de estar siendo investigada por supuesto “lavado de dinero”.
Chamorro, favorita según las encuestas para enfrentar a Ortega, es “investigada” por la Fiscalía en calidad de exdirectora de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, por presuntas “irregularidades” financieras, con lo cual también fue inhibida para postularse a cargos de elección popular.
El contingente policial llegó a eso de las 11:40 de la mañana con una orden de allanamiento y detención firmada por Chavarría. El operativo fue dirigido por el comisionado mayor Luis Pérez, de la Dirección de Auxilio Judicial, según detalló la plataforma Divergentes.
Los oficiales “pidieron revisar todas las habitaciones de la casa, incluyendo las de servicio, baños, roperos, cocinas, salas, comedor, oficina, escritorios, archivadores, en fin, toda la casa”. Desde el arribo del contingente cortaron los servicios de internet y el circuito de cámaras de seguridad. Pidieron todos los celulares, incluso los del personal de servicio.
“En medio de la angustia, surgió la impotencia: ver que se llevaron la chequera con que se cubren los gastos de la casa de doña Violeta Barrios de Chamorro, de 91 años de edad, postrada en una cama. En esas circunstancias, no hay argumento que los convenza. Se llevaron toda la papelería que encontraron en la casa, documentos legales, finanzas familiares, papelería en general, todo. Llenaron como seis bolsas plásticas, de esas que se utilizan para la basura”, dijo una fuente a Divergentes.
ARTURO CRUZ
El 5 de junio, el precandidato presidencial por la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Arturo Cruz fue detenido por agentes de la Policía Orteguista en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, cuando regresaba de una gira por Estados Unidos.
La Policía informó que detuvo a Cruz, por estar siendo investigado de conformidad al artículo 1 de la Ley 1055, “por realizar actos que menoscaban la soberanía, la independencia y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en asuntos internos, pidan intervenciones militares, que se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo o desestabilización, que gestionen o propongan bloqueos económicos, comerciales o de operaciones financieras contra el país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y los que lesionen los intereses supremos de la nación”.
El exdiplomático fue llevado a El Chipote, y el 6 de junio se le realizó una “audiencia especial” donde un juez le decretó “detención judicial por 90 días”.
FÉLIX MARADIAGA
El 8 de junio, el precandidato presidencial por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) Félix Maradiaga fue detenido por la Policía Orteguista, luego de salir de una cita en el Ministerio Público en Managua.
La camioneta de Maradiaga fue interceptada por patrullas de la Policía, fue bajado de su vehículo, golpeado y llevado a El Chipote, por supuestamente “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación, de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 1055 ‘Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz’”, según el comunicado de la Policía.
El 10 de junio, Maradiaga fue llevado a una “audiencia especial”, donde un juez orteguista le dictó prisión preventiva por 90 días.
JUAN SEBASTIÁN CHAMORRO
La noche del 8 de junio, el precandidato presidencial por la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Juan Sebastián Chamorro fue arrestado por la Policía Orteguista que allanó su vivienda en Managua, bajo el argumento que está siendo investigado por supuestos “actos contra la soberanía, terrorismo y aplaudir sanciones”.
El 10 de junio, un juez admitió la solicitud de ampliación a 90 días de “detención judicial” contra Chamorro, quien permanece en El Chipote.
JOSÉ ADAN AGUERRI
El 8 de junio por la noche, la Policía Orteguista informó sobre la detención de José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), y miembro de la Alianza Cívica.
Aguerri es acusado de supuestamente “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.
También por “proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.
El economista fue trasladado a El Chipote y un juez le dictó 90 días de prisión preventiva.
VIOLETA GRANERA
También el 8 de junio por la noche, la Policía Orteguista allanó la casa de la dirigente opositora Violeta Granera, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), acusada de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.
Granera permaneció en su casa “bajo custodia policial” hasta el 12 de junio, puesto que la Policía la trasladó a un lugar desconocido, se cree que a El Chipote.
Un día antes, la justicia orteguista dictó 90 días de detención judicial contra Granera.
JOSÉ PALLAIS
El 9 de junio fue detenido por la Policía Orteguista el jurista y ex vicecanciller José Pallais, acusado de “incitar la intervención extranjera en los asuntos internos”, “pedir intervenciones militares” entre otras acusaciones.
Pallais, miembro de la Coalición Nacional, fue arrestado en su casa en la ciudad de León por el jefe policial de esa localidad, Fidel Domínguez.
El 11 de junio, la justicia orteguista realizó una “audiencia especial” a Pallais donde se solicitó la ampliación del período de investigación, la cual fue admitida por el judicial, dictándole 90 días de prisión preventiva.
La Fiscalía investiga a Pallais de conformidad con la Ley 1055, “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz”.
TAMARA DÁVILA
El 12 de junio, fue detenida la dirigente opositora Tamara Dávila, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), por parte de efectivos de la Policía Orteguista que allanaron su casa. Ella fue llevada a El Chipote.
La Policía emitió un comunicado en cual dijo que Dávila fue detenida por estar “bajo investigación de conformidad con el artículo 1 de la Ley 1055, denominada ‘Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, La Soberanía y Autodeterminación para la Paz’”.
El régimen acusa a Tamara Dávila de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.
DORA MARÍA TÉLLEZ Y ANA MARGARITA VIGIL
El 13 de junio, la Policía Orteguista informó sobre la detención de la excomandante guerrillera Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil Gurdián, dirigentes de la Unión Democrática Renovadora (Unamos) antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS), a quienes les fue allanada su casa en Managua.
Según la Policía, ambas son investigadas por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación, de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 1055 ‘Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz’”.
SUYÉN BARAHONA Y HUGO TORRES
Horas después fue detenida la presidenta de Unamos, Suyen Barahona Cuan, y su vicepresidente, el general en retiro Hugo Torres, cada uno en sus respectivas viviendas.
A ambos se les acusa de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación, de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 1055 ‘Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz’”.
VICTOR HUGO TINOCO
El mismo 13 de junio por la tarde fue arrestado el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, miembro de Unamos y sociólogo de 68 años con una larga trayectoria en la lucha sandinista desde 1973, cuando se integró a la guerrilla.
Fue parte de varios procesos de negociación entre los sandinistas y los grupos de exrebeldes de la Contra para poner fin a la guerra civil durante la revolución en los años 80.
Tinoco fue detenido bajo la acusación de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos” y “pedir intervenciones militares” contra el régimen de Daniel Ortega.
Además, por “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”, según una nota de la Policía Orteguista
Una de las hijas del exvicecanciller, Cristhián Tinoco, dijo a través de un audio enviado a los periodistas que su padre fue “secuestrado por personas que no eran de la Policía Nacional” cuando estaba en un centro de compras en Managua.