Ryan C. Berg, director del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), lanzó este lunes una serie de propuestas para que el gobierno de Estados Unidos y otros países presionen y sancionen al presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, con el fin de cesar el financiamiento de este banco regional al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
En escrito publicado en el sitio web de CSIS, titulado ¿Por qué el BCIE financia la dictadura de Nicaragua y qué puede hacer Estados Unidos al respecto?, Berg expresa que a pesar de que Estados Unidos ha intentado limitar los préstamos de los bancos multilaterales a Nicaragua por el pésimo historial de derechos humanos de Ortega, “el régimen Ortega-Murillo continúa recibiendo financiamiento de instituciones financieras multilaterales” y que “un organismo se destaca sobre todo como principal fuente de financiamiento del régimen: el Banco Centroamericano de Integración Económica”.
“Considerando la represión de la democracia y los derechos humanos del régimen dictatorial de Ortega-Murillo, el BCIE debe cesar todo financiamiento de proyectos nicaragüenses”, señaló Berg.
Criticó que a pesar de tener una población menor que la de Guatemala y Honduras, Nicaragua ha recibido casi el 26 por ciento de la cartera de préstamos del BCIE. “De hecho, Nicaragua ha recibido más fondos que Guatemala y El Salvador juntos. Estos préstamos, que se estima ascienden a$3,500 millones en los últimos años, es desproporcionado en comparación con otros países centroamericanos. Por eso, en un reciente evento del CSIS , un panelista se refirió al presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, como el ‘banquero de los dictadores’”, subrayó.
El director de CSIS acusó a Mossi de dirigir la financiación de proyectos en Nicaragua y “profundizar los lazos con Ortega a pesar de la creciente condena internacional a los crímenes del régimen”.
“La falta de transparencia del BCIE sobre cómo se administran y distribuyen sus fondos genera dudas sobre sus intenciones e integridad. La baja calificación crediticia de B- de Nicaragua también amenaza la posición financiera del BCIE al invertir en un estado financieramente poco confiable con una de las clasificaciones más bajas en el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional”, reprochó.
¿Qué puede hacer Estados Unidos al respecto?
En ese sentido, Berg indicó que dado que Estados Unidos no tiene presencia en la junta directiva del BCIE y no tiene accionistas dentro del propio BCIE, “restringir los préstamos a Nicaragua es mucho más difícil porque no se aplican ni la Ley NICA ni la Ley RENACER”.
Sin embargo, “para lograr el objetivo de acercar el BCIE al cumplimiento de la Ley NICA y la Ley RENACER, se podría construir una escalera de escalada en la que cada peldaño sucesivo aumente la presión que sienten Mossi y sus colaboradores”.
Berg propone a Estados Unidos “comenzar por asegurarse de que sus agencias de desarrollo como USAID y la DFC, así como aquellas entidades pertenecientes al sector privado, suspendan todo trato con el BCIE mientras el banco esté asociado con el financiamiento de dictaduras”.
También que Estados Unidos involucre a Taiwán, Corea del Sur y la Unión Europea (especialmente España), así como a otras partes interesadas en el BCIE, para ayudar a crear conciencia sobre la falta de transparencia dentro de la organización.
“El próximo paso es cortar el financiamiento del BCIE. Dada la reciente ruptura de los lazos diplomáticos de larga data de Nicaragua con Taiwán y el posterior reconocimiento de la República Popular China por parte de Ortega, es probable que Taiwán sea receptivo a las preocupaciones de Estados Unidos y podría usar su influencia dentro del BCIE para abogar por reformas significativas. Esto es especialmente cierto a la luz de la toma de la embajada de Taiwán por parte de Ortega. También se podría convencer al gobierno conservador de Corea del Sur para que coopere. Junto con países de la Unión Europea como España, Estados Unidos debería poder impactar políticas con sus “amigos en lugares altos”. Estados Unidos también debería trabajar con financiadores privados y no miembros con un historial de donaciones al BCIE para evitar hacerlo”, expuso.
Berg plantea que Estados Unidos debería hacer un llamado a los otros socios fundadores, como Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, para monitorear cuidadosamente las decisiones y el desempeño del BCIE.
“El BCIE no ha establecido un monto máximo de préstamos para cada país, por lo que los préstamos excesivos a la inestable Nicaragua no solo reducen la disponibilidad de crédito para otros países, sino que también constituyen un riesgo regional ya que la situación política y económica de Nicaragua impulsa la migración regional y aumenta la inestabilidad”, refirió.
Asimismo que Estados Unidos podría tomar medidas que impacten la calificación crediticia del BCIE. “Actualmente, el BCIE tiene una calificación crediticia sólida y estable en AA, según Standard & Poor’s”, anotó.
Además, propone que Estados Unidos considere retirar las visas de los funcionarios de alto nivel del BCIE y emitir prohibiciones de viaje para evitar que asistan a reuniones periódicas de accionistas que tienen lugar en Washington, DC y se reúnan con posibles inversionistas en los EE. UU., hasta que el banco acepte dejar de prestarle al régimen de Ortega.
Añadió que Estados Unidos abra una investigación al liderazgo del BCIE, con la intención de imponer sanciones a los ejecutivos del BCIE. “Ya existen denuncias en torno a la elección de Mossi para dirigir el BCIE, pues se cree que obtuvo apoyo gracias a un acuerdo entre Daniel Ortega y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, a cambio de una mayor ayuda financiera a Nicaragua. Ante el apoyo implacable de Mossi a Ortega, Estados Unidos tiene un interés legítimo en entender por qué el directorio del BCIE ha permanecido en silencio y debe tomar las medidas necesarias para investigar los datos y el desempeño del banco bajo la presidencia de Mossi”, reza el escrito.
Y por último, Berg destaca que Estados Unidos podría considerar impedir que el BCIE se endeude en los mercados de capital estadounidenses y presionar a la Unión Europea para que restrinja dicha actividad en sus mercados.