El abogado José Antonio López, informó el miércoles que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió los recursos por inconstitucionalidad contra la Ley de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos y Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, conocidas como “Ley Putin”, “Ley Mordaza” y Ley “traidores de la patria”, respectivamente.
Con la admisión de estos recursos por inconstitucionalidad, que fueron interpuestos por la organización ‘Defensores del Pueblo’, el Poder Judicial le solicita al dictador Daniel Ortega y al sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, presentar informes sobre estas tres legislaciones en un plazo de 20 días.
“La Corte Suprema de Justicia le está pidiendo y a la vez ordenando, a Ortega y a Porras, rendir informes referentes al recurso de inconstitucionalidad que estamos interponiendo como ciudadanos en el uso de nuestros derechos. Nos están dando lugar a que se tramitan nuestros recursos”, dijo López al diario La Prensa.
Con el trámite al recurso interpuesto por los abogados y una vez presentados los informes del Ejecutivo y el Legislativo, Defensores del Pueblo solicitará copia para analizarlos y emitir una opinión bajo el principio del derecho a la réplica.
Y, aunque no cumplan con el mandato, el proceso de impugnación debe seguir su curso hasta obtener una resolución, explicó el abogado al portal Despacho 505.
“NADA HA PASADO”, DICE ABOGADO
La Mesa Redonda consultó con un abogado sobre esta decisión de la CSE y afirmó que con la admisión de los recursos por inconstitucionalidad contra estas tres leyes “nada ha pasado”, pues el Poder Judicial lo que busca es “limpiarse” la cara.
“Con esto crean un choque de poderes haciendo creer una independencia de los mismos, luego prevalece la Asamblea Nacional, limitando la sala Constitucional, para posterior crear lo que se llama jurisprudencia (mecanismo, soportes, base legal y técnica) para prepararse que una vez estando en el poder las resoluciones emanadas de la CSJ pueden ser objeto de Impugnación. Pero al final es una resolución que no es de carácter definitivo sino procesal, así que nada ha pasado. Solamente es un trámite de ley”, comentó el jurista.
LEY PUTIN
La “Ley Putin”, busca controlar a las organizaciones no gubernamentales y a toda persona natural o jurídica que reciba dinero, directa o indirectamente, de otros Gobiernos o asociaciones extranjeras.
La legislación “tiene como objeto establecer el marco jurídico de regulación a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento externo, y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado”.
LEY MORDAZA
Con La Mordaza, el régimen de Daniel Ortega plantea castigar con cárcel la propagación de “noticias falsas” a su criterio, para encarcelar a periodistas y críticos.
La legislación establece penas de dos a 10 años de prisión para quien “publique o difunda información falsa, tergiversada que produzca alarma, zozobra y temor en la población”, y una condena de hasta cinco años de prisión para quienes “inciten al odio y a la violencia”.
LEY ‘TRAIDORES DE LA PATRIA’
Por su parte, la Ley ‘traidores de la patria’ inhibe las candidaturas de aquellos nicaragüenses que aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado y sus ciudadanos.
Según la ley, serán considerados “traidores a la patria” y tampoco podrán optar a cargos de elección popular, los nicaragüenses que “encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, y/o que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”.
También los que “inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.