Las nuevas medidas migratorias dictadas por el gobierno de Costa Rica a finales de noviembre relacionadas a los solicitantes de refugios en este país centroamericano, podrían afectar a los nicaragüenses y en menor escala a los venezolanos que se encuentran en esta nación, aseguran expertos en temas migratorios.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, firmó al menos dos decretos para regular la masiva migración hacia este país, al que llegan, según el mandatario, en su mayoría “migrantes económicos” que buscan aprovecharse de la “generosidad” de ser un “refugiado legítimo”.
Dentro de otras cosas, las nuevas medidas dictadas establecen restricciones para los solicitantes de refugios obtengan permisos expeditos, a como ocurría anteriormente, sino que ahora “deberán cumplir con el procedimiento interno que establezca la institución” migratoria.
Karina Fonseca, directora del Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica subrayó a la Voz de América que los decretos presidenciales que entraron en vigencia el 1 de diciembre tras publicarse en La Gaceta, establecen restricciones para los solicitantes de asilo, como el evitar que estos salgan a terceros países, a como ocurre con otras naciones.
“[La prohibición de salida del país a solicitantes de asilo] es una de las preocupaciones más importantes que tenemos en este momento”, dice Fonseca.
La experta señala que sobre todo por los activistas de derechos humanos en el caso de Nicaragua, “que están en múltiples foros en países amigos denunciando la situaciones, las arbitrariedades del régimen de Ortega, pues van a estar impedidos de poder participar en estos espacios de denuncia o de incidencia internacional”.
Agrega que el manejo, o esa implementación cotidiana, se observará con mucho cuidado desde la organización jesuita y eventualmente “desde la legalidad costarricense y desde los mecanismos que tenemos a disposición” para poder intentar revertir eventualmente las acciones.
¿Un retroceso con la atención a migrantes?
Según la directora del Servicio Jesuita, Costa Rica ha tenido logros o cambios que han sido positivos en los últimos años a favor de las personas solicitantes de refugio como el tener acciones de incidencia o tener espacios de reunificación familiar en un tercer país, en ciertos momentos del año, y que ahora van a estar imposibilitados de hacerlo.
Vasilka Sancin, miembro del Comité Asesor del Consejo de DDHH de las Naciones Unidas, expresó por aparte su preocupación por las nuevas medidas tomadas por el gobierno de Costa Rica relacionadas a la migración.
En entrevista con la Voz de América, Sancin indicó que “ningún refugiado deja su territorio de manera voluntaria” y agregó que las acciones del gobierno costarricense implican “una regresión en términos del trato de refugiados de Nicaragua en Costa Rica hasta el momento”.
“Estos individuos ya son, sólo por el hecho de que debieron dejarlo todo atrás y huir a otros país, es una situación extremadamente vulnerable», indicó Sancin, quien era vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al momento de la revisión de la situación de Nicaragua en octubre de 2022.
“Es muy importante que todos los derechos correspondientes a los refugiados sean respetados a pleno en todos los países en que se les otorgue asilo”, agregó.
El gobierno de Costa Rica anunció las medidas migratorias el 30 de noviembre luego de haber enviado una carta a la ONU en la que exponía la situación migratoria que vive el país, que ha acogido a al menos 200.000 nicaragüenses que huyen de la crisis sociopolítica en Nicaragua.
Chaves reclamó que la comunidad internacional “no está colaborando con los recursos” económicos necesarios para enfrentar la migración masiva en este país de 5 millones de habitantes.