Especiales · 29/06/2021

Daniel Ortega presiona por control de la Secretaría General del SICA

*Por Expediente Público  

Los jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) convocaron a reunión del Consejo de Ministros  de Relaciones Exteriores para evaluar, antes del 28 de julio, la terna presentada por el gobernante nicaragüense Daniel Ortega y elegir a la persona que desempeñará el cargo en la Secretaría General de este organismo regional.

Sin embargo, Expediente Público conoció que este 28 de junio los cancilleres se habrían reunido para elegir al nuevo Secretario General del SICA, que deberá ocupar la silla de este organismo partir del 1 de julio. Según la información, no se logró un acuerdo.

Los cancilleres estarían evaluando la terna de tres candidatos propuestos por el Gobierno de Nicaragua y avanzar con la elección que deja por fuera al guatemalteco Vinicio Cerezo, pese a que la primera opción de Ortega era lograr la continuidad en el cargo del expresidente centroamericano, pero no logró el consenso suficiente entre los países de la región. 

“Ortega propuso a Vinicio Cerezo por dos razones principales, primero porque es un aliado que ha mostrado lealtad al régimen en el ejercicio de su cargo y segundo, porque esperaba que la candidatura de Cerezo lograría un rápido consenso entre los gobiernos. No fue así, la candidatura no gozó del respaldo de algunos gobiernos y Ortega optó por presentar su propia terna de candidatos”, comenta el abogado y economista nicaragüense, Enrique Sáenz.

Al concluir la LV Cumbre virtual de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA, acordando emitir emitir sus consideraciones antes del 28 de julio, según lo expresado en una declaración conjunta dada a conocer el viernes 25 de junio de 2021.

De acuerdo con la declaratoria, los Ministros de Relaciones Exteriores del SICA o sus delegados serán quienes “conduzcan las entrevistas sobre la terna al cargo de Secretario General del SICA, presentada por la República de Nicaragua”.  

Posteriormente, cada uno de los ministros presentarán sus “consideraciones” para llevar a cabo la elección.  

El diputado ante el Parlamento Centroamericano, Orlando José Tardencilla; la Ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch y Luz Marina López Escobar, coordinadora técnica de la Secretaria de Infraestructura del Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte de Nicaragua y co-fundadora de la Red de Jóvenes Indígenas de Latinonoamérica y El Caribe son los tres candidatos propuestos por Ortega para ocupar la silla de la Secretaría General del SICA.  

El canciller nicaragüense, Denis Moncada fue el encargado de presentar la terna de candidatos y reclamar el derecho de ejercer la Secretaría General del SICA para el periodo 2021-2025, tomando como referencia un acuerdo alcanzado en una reunión de presidentes de junio de 2017 en San José, Costa Rica.  

¿Qué hay detrás de esa movida? 

Un experto en relaciones internacionales explicó a Expediente Público en condición de anonimato que la movida de Ortega solo obedece al mecanismo establecido a lo interno del SICA para la elección del Secretario General y que quedó plasmado en la XLIX Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros el día 29 de junio de 2017.  

El mecanismo, según el experto, establece que debe “continuar la rotación geográfica para la Secretaría General del SICA, de conformidad con los principios de rotación, equidad, proporcionalidad, equilibrio geográfico, oportunidad, publicidad, transparencia, equidad de género, no discriminación, probidad, mérito e idoneidad que rigen la elección de titulares del SICA”. 

En ese orden corresponde la “candidatura de Nicaragua a partir de 2021, lo anterior mediante la presentación de una terna, con entrevistas a los candidatos propuestos”, dijo el experto en relaciones internacionales. 

El acuerdo alcanzado en 2017 establece que cada país se rotará cada cuatro años en la Secretaría General del SICA. Efectivamente, este año le correspondería a Nicaragua.  

Con la presentación de los tres candidatos el Gobierno de Nicaragua desiste automáticamente de su derecho de proponer la reelección del guatemalteco Vinicio Cerezo que estuvo durante el periodo 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2021. 

Ejercer control en la agenda regional 

La máxima autoridad del SICA es la reunión de presidentes centroamericanos, y la segunda es el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.  

Al no encontrar un consenso y respaldo a Ortega no le quedó otra alternativa que presentar su terna. A través de la persona seleccionada busca “controlar la agenda” de esa instancia regional, estima Sáenz. 

“Una vez que naufragó la opción Cerezo, Ortega optó por reservarse para sí el control de la Secretaría General. De lograrlo, alcanzaría dos objetivos, primero, presentar a la comunidad internacional como un reconocimiento centroamericano a su gobierno, el hecho de que un representante de Ortega sea electo como el ejecutivo de más alto nivel en el entramado institucional regional. Segundo, le permitiría controlar la agenda de la máxima instancia regional”, añadió Sáenz. 

Para el jurista y exdiplomático, Róger Guevara Mena, detrás de la medida de presentar sus ternas hay una razón basada en cualquier decisión que pueda adoptar la Organización de Estados Americanos (OEA) con respecto a Nicaragua.  

“Si hay una decisión de suspensión en la OEA para Nicaragua inmediatamente ese documento sirve de resolución para que el SICA tome medidas al respecto y convoque a reunión de presidentes. Para Ortega no es seguro que Vinicio le va a proteger la espalda, quiere en la terna poner a alguien de su absoluta confianza”, mencionó Guevara.  

Ortega llama “cloaca” a la OEA  

El pasado 15 de junio, los países miembros de la OEA aprobaron una resolución sobre la situación de crisis política y electoral en Nicaragua.  

Este foro advirtió que las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua no cumplen con las condiciones para unas “elecciones libres y justas a las que se han comprometido todos los Estados Miembros en virtud de la Carta Democrática Interamericana, lo cual pone en duda la legitimidad de las elecciones de noviembre”.  

Ortega quien participó la semana pasada en la XIX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), llamó “cloaca” a ese foro regional y no descartó abandonar su silla en la OEA.  

“Al ser  Cuba  expulsada de la  OEA en esas circunstancias históricas, Cuba más bien estaba logrando, gracias a Dios, salir de esa cloaca que estaba ensuciando y empañando a los pueblos de nuestra América, que somos miembros todavía y que, de una vez por todas deberíamos de dejar de ser miembros de esa cloaca, y fortalecer, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra independencia”, dijo Ortega durante su comparecencia.  

Repercusiones  

Por ser el SICA uno de los principales organismos internacionales para la región y tener una relación con otros entes integracionistas como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Corte Centroamericana de Justicia, el Parlamento Centroamericano y el Sistema Económico de Integración Centroamericana (SIECA), una salida Nicaragua de la OEA tendría consecuencias negativas, afirmó Guevara Mena.  

Para el experto en relaciones internacionales “sería penoso que Nicaragua sea suspendida de la OEA y los países miembros del SICA a nivel bilateral y regional tomen medidas diplomáticas”. 

Ante una eventual expulsión de Nicaragua de la OEA, algunas medidas que podrían adoptar los países miembros del SICA sería el “retiro de embajadores, el cierre del comercio intrarregional y suspender los servicios consulares”, afirmó el experto en relaciones internacionales. 

Ortega está aislándose  

El pasado 11 de junio, los cancilleres de Costa Rica, Belice, Guatemala, Panamá, República Dominicana y España instaron a Ortega a que libere a los líderes políticos de la oposición que fueron detenidos en las últimas semanas.  

“Los Ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Belice, Guatemala, Panamá, República Dominicana y España, expresan su profunda preocupación por las recientes acciones desplegadas por el gobierno de Nicaragua contra importantes líderes de la oposición en ese país, las cuales atentan contra el libre ejercicio democrático.  Instamos a su inmediata liberación, y a la restitución de sus derechos políticos”, dijeron los ministros a través de un comunicado emitido durante la cumbre presidencial del SICA y España llevada a cabo en Costa Rica.  

“No hay posibilidad de que la elección de un Secretario General propuesto por Ortega cambie la posición de los gobiernos hacia el régimen porque obedecen a otros motivos, principalmente Panamá, Costa Rica y Guatemala. Lo que sí es seguro que si es electo un candidato de Ortega se trabaría la precaria agenda regional que todavía subsiste y probablemente el SICA entraría en un estado de catalepsia”, añadió Sáenz. 

En los días posteriores, México y Argentina que apoyaban al gobernante sandinista iniciaron el pasado 15 de junio una alianza nunca vista en el seno de la OEA, donde leyeron un comunicado en conjunto en el que expresaron su “preocupación por los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua, especialmente por la detención de figuras de la oposición”.   

Costa Rica ostentó la Presidencia Pro-Témpore del SICA durante losprimeros seis meses del año bajo la administración del presidente Carlos Alvarado y fue entregada a Guatemala, país que asumirá lo que resta del año con Alejandro Giammattei, bajo el compromiso de continuar con el fortalecimiento de la integración regional y del mismo organismo.

SICA se pronuncia sobre despidos

Ante señalamientos que hicieron a Expediente Público  varios extrabajadores sobre el ambiente laboral que se experimenta dentro del organismo, la Secretaría General del SICA envío el 24 de junio una comunicación a los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros del organismo, en el que señaló que “personas inescrupulosas y cobardes” han hecho una “campaña negra de desinformación”.

Expediente Público solicitó en varias ocasiones, por correo electrónico y llamadas telefónicas entrevista con el secretario Vinicio Cerezo, sin embargo, no hubo respuestas. Cerezo prefirió dar explicaciones solo a los cancilleres sobre la situación interna de las denuncias de abusos laborales bajo su administración en el Secretaría General de la organización centroamericana.

Según la versión del despacho de Cerezo, en años pasados “fueron pocas las personas” a las que no se les renovó el contrato de trabajo debido a “falta de profesionalismo o de calidad humana”. Una de ellas fue Manuel Lemus, quien ejerció como director jurídico de la Secretaría General hasta agosto de 2020.

El organismo explicó que un día antes de retirarse de la Secretará General, Lemus “interpuso una demanda interna, sin fundamento por “acoso laboral”, pretendiendo de forma espuria revertir la decisión”. Lemus también interpuso tres demandas ante la Corte Centroamericana de Justicia que falló en contra de cada una de ellas, según el comunicado a los cancilleres.

A lo interno del SICA, varios extrabajadores denunciaron irregularidades desde que Olinda Salguero asumió como jefa de gabinete a quien supuestamente “Cerezo le entregó todo el poder”.

De acuerdo a los extrabajadores, Salguero ha implementado una política en la que ha “monopolizado las contrataciones” y los despidos, que en un año suman ocho. Sobre ese punto en específico no se hizo referencia de parte del despacho de Cerezo a los cancilleres.

“Como se ha informado en diversas ocasiones ante el Comité Ejecutivo y ante el propio Consejo de Ministros, todo siempre se hizo con respeto, apegados a la normativa jurídica y administrativa, respetando sus derechos humanos y cumpliendo con todas las obligaciones laborales, con dignidad”, justificó el despacho de la Secretaría General los despidos que se han dado en el SICA.

Sin embargo, los extrabajadores afirmaron a Expediente Público que existen otras dos demandas por despidos ilegales; dos demandas por decisiones en procesos de acoso laboral y sexual originados por acciones ejecutadas por la Jefa de Gabinete.