Tras el inocente nombre de “Ley de Reformas y Adición a la Ley 842, Ley de Protección a los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias”, la norma aprobada el jueves en Nicaragua esconde una verdadera bomba legal. Según diversos organismos empresariales y expertos en el tema, la reforma votada por la Asamblea Nacional obligaría a los bancos nicaragüenses a reabrir las cuentas a personas —y su círculo cercano— sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por señalamientos de violación a los derechos humanos, narcotráfico y lavado de dinero.
“Es una catástrofe de tal magnitud que podría poner en quiebra al país”, dice el economista Roger Arteaga, exgerente regional del del Banco Centroamericano de Integración económica (BCIE), porque señala que las sanciones estadounidenses establecen expresamente que serán igualmente sancionados quienes manejen fondos de los sancionados.
La ley pone entre la espada y la pared a la banca nicaragüense: si la acata se expone a las sanciones de Estados Unidos que la aislarían del sistema financiero internacional, y si no la cumplen podrían ser castigados con multas que la misma ley deja la cuantía a discreción del ente estatal encargado de regularla.
El economista Enrique Sáenz, en el exilio, propone otro nombre para la ley. “Si vemos un perro no podemos decir que es conejo. Así que el nombre de esta ley no es de defensa de los consumidores, sino ley para la defensa de los mafiosos acusados de crímenes de lesa humanidad, narcotráfico y lavado de dinero”.
Hasta la fecha hay 27 nicaragüenses sancionados por los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, todos ellos relacionados directamente con el régimen de Daniel Ortega, su familia o partido. Entre los sancionados se encuentran Rosario Murillo, esposa de Ortega, y tres de sus hijos Rafael, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo. Asimismo, están sancionados el jefe del Ejército, general Julio César Avilés; el jefe de la Policía Nacional, comisionado Francisco Díaz; y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, entre otros altos funcionarios.
Para Arteaga, si los bancos nicaragüenses acatan lo establecido en la ley recientemente aprobada, perderían la relación con los bancos corresponsales en el extranjero que le sirven para ejecutar operaciones económicas internacionales. “El dinero no viaja en maletas o en sobres, y sin bancos corresponsales no se podría exportar ni importar, no se podrían recibir remesas y usar tarjetas de crédito. Esto no afectará solo a los bancos, sino a todos. Una catástrofe”, explica.
Considera que la ley se origina en la “molestia” de los sancionados porque los bancos no solo cortaron relación con ellos sino también con su círculo cercano “para evitar contaminación” por el uso de testaferros.
“La orden presidencial 13851 que firmó el presidente Trump y que se vence hasta el 28 de noviembre de 2021 obligó a los bancos nicaragüenses a cortar toda relación con estos sancionados, de lo contario estarían incurriendo en algo que la misma orden señala en su artículo 4, que cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios para un sancionado, la empresa que lo haga también puede ser sancionada. Los bancos locales para curarse en salud lo que hicieron fue cortar toda relación con estos sancionados, y fueron más allá: no solo cancelaron los servicios a los sancionados, sino a familiares o amigos o empresas o personas que tenían relación con esos sancionados porque eso se prestaba a que sean utilizados como testaferros”, dice.
La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) fustigó la iniciativa legal del régimen de Ortega porque impide “a los bancos que de manera libre elijan con quién iniciar sus relaciones comerciales e igualmente decidir cuándo cancelar una relación con un usuario o consumidor, facultad que está en sus contratos y reglamentos”.
Asobanp señala que la ley pone al país en riesgo de pasar a “lista negra” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ente intergubernamental que combate el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. Nicaragua se encuentra desde el 2020 en la “lista gris” del GAFI, que la integran países que deben mejorar sus estándares para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
“Estar en la lista negra significa que un país ha roto todo posibilidad de vigilar el narcotráfico y el terrorismo y eso lo aísla totalmente de sistema financiero internacional”, dice Arteaga.
El expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, señala que esta ley castiga a las empresas “por estar aplicando medidas internas como consecuencia de las sanciones que han aplicado gobiernos internacionales” y llama la atención sobre tres aspectos: uno, convierte al Estado en consumidor, único caso en el mundo, dice; dos, incrementa el control político en el sistema bancario; y tres, quita a las empresas “la discrecionalidad para aplicar el riesgo en sus operaciones”.
“Aquí están haciendo al Estado un usuario privilegiado, juez y parte, y queda a discreción del Estado cómo utilice esa nueva definición de ellos qué es un consumidor”, dice.
Todo es incertidumbre en este momento, pues no se sabe cuáles serán las consecuencias de la nueva ley. “Si se les ocurriera abrirle la cuenta al sancionado ahí sí estamos definitivamente fuera del radar del mundo financiero, y en el otro caso (reabrir cuentas del círculo cercanos del sancionado) habría que ver cómo van reaccionar los que se llaman jefes del cumplimiento (de las sanciones) y los (funcionarios) del GAFI”, expone Aguerri.
Tanto Aguerri como Arteaga consideran que los bancos nicaragüenses no se expondrán a sanciones internacionales por acatar la ley del régimen de Ortega. “Yo apostaría que no acatarán una disposición de abrirle la cuenta a una empresa o persona natural que esté en una lista de sancionados”, dice Aguerri.
Arteaga señala que la ley tiene una gran intencionalidad política: “Quiere obligar al empresariado a sentarse a negociar. También podría ser obligar al sector privado a que acepten sus reformas electorales tal como la planteen y que Ortega siga gobernando después de las elecciones”.
Para el sociólogo y economista, Oscar René Vargas “la jugada política de Ortega” es someter al gran capital a que acepten su permanencia en el poder. “Si los banqueros y el gran capital se someten a la voluntad del dictador, Ortega lo interpretaría como que puede cometer cualquier tropelía, hasta llegar a la preservación del poder de cualquier manera, ya sea a la fuerza o fraudulentamente”, dice.
El error de Ortega, considera, sin embargo, “es sobredimensionar su poder y subvalorar la fuerza del gran capital y los banqueros”.
*Por Fabián Medina | INFOBAE