Actualmente en la Organización de los Estados Americanos (OEA) hay un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua por el “rompimiento del orden constitucional”, del régimen de Daniel Ortega, que, de aplicarse, se suspendería al país del organismo.
El tema será abordado en el próximo mes de octubre durante la Asamblea General de la OEA, a petición de las misiones permanentes de Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia y Paraguay.
Al mismo tiempo, la diáspora de Nicaragua ha solicitado a la OEA que en la misma Asamblea General se desconozca a Daniel Ortega, “por su actual ejercicio ilegítimo del poder” y con el objetivo de “propiciar el restablecimiento de la democracia y las libertades” en Nicaragua.
Consultado al respecto, el analista político y exembajador de Nicaragua, Bosco Matamoros, indicó que la declaración de ilegitimidad de Ortega está “íntimamente vinculada” con la aplicación de la Carta Democrática al país, pues existen las condiciones y evidencias que pueden llevar a una decisión de esa naturaleza.
“Si hay ilegitimidad en el ejercicio, se puede llegar a la suspensión de un gobierno, por lo tanto las evidencias de violaciones de derechos humanos, de la Constitución, de los crímenes de lesa humanidad que se le imputan (al régimen de Ortega) son elementos que le podrían llevar a la suspensión del gobierno, hay evidencia”, afirmó Matamoros a La Mesa Redonda.
Para el exembajador hay relación entre la aplicación de la Carta Democrática con la declaración de ilegitimidad de Ortega. “Eso es íntimamente vinculado”.
“Cuando tú aplicas la suspensión a un gobierno y lo han señalado varios países de violentar la Constitución y los derechos humanos, entonces la ilegitimidad en el ejercicio del poder, se le aplicaría la Carta Democrática”, explicó.
En ese caso, Matamoros manifestó que las organizaciones que piden se declare “ilegítimo” a Ortega como “presidente”, lo que deberían de señalar es que “hay una ilegitimidad de origen por la manera en la que han violado la Constitución y los derechos de los nicaragüenses y por lo tanto la Carta Democrática”, eso conllevaría a que se le aplique la Carta Democrática “al gobierno de Daniel Ortega”.
Asimismo, señaló que dentro del marco de lo que es el proceso de la Carta Democrática, al país se le aplicaría el artículo 22, “que llevaría a la suspensión del gobierno de Nicaragua”.
“Creo que en este momento existen objetivamente las condiciones que pueden llevar a una decisión de esa naturaleza, porque el gobierno no ha dado respuesta a ninguno de los informes que planteó la OEA, la CIDH, el Grupo de Expertos (GIEI), inclusive la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU”, dijo.
En ese caso, el analista subrayó que la OEA “le haría un llamado” al régimen de Ortega para que permita la visita al país a una misión de alto nivel para tratar el tema de las violaciones de los derechos humanos y el de las reformas electorales y el respetó el estado de derecho en Nicaragua.
“De no darse esas condiciones, lo miro muy probable entonces que se le suspenda en la OEA”, aseguró.
La suspensión –apunta Matamoros—“sería algo desbastador” para el régimen de Ortega, pues se le cerraría en una forma hermética cualquier posibilidad de financiamiento en los organismos regionales multilaterales, como es el BID “que ya de hecho y prácticamente se cerró”, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. También se sumarían a estas acciones los países europeos.
Además, se suspenderían las relaciones diplomáticas con otros países o la disminución de la categoría de las Embajadas en Nicaragua.