El defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, refirió este jueves que las declaraciones del presidente costarricense Rodrigo Chaves sobre dos decretos con nuevas disposiciones migratorias en su país, “generan incertidumbre” en la población migrante que busca refugio en Costa Rica.
“Los decretos generan incertidumbre y esto tiene que ver con los derechos humanos de esa población”, aclaró Carrión en entrevista con La Mesa Redonda.
El primer decreto modifica el Reglamento de Refugio sobre el otorgamiento de permisos laborales y el segundo concierne a la Categoría Especial Temporal para Personas Nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ambos como parte de las disposiciones migratorias mencionadas el pasado 16 de noviembre.
“Los decretos tienen información o carece de información que generan preguntas al tema de cómo el Estado de Costa Rica va a seguir garantizando la protección de población desplazada que tiene su matriz en Estados que ya no garantizan un clima y son un verdadero riesgo para todos los habitantes”, mencionó el abogado.
Sostuvo que el desplazamiento desde Nicaragua “no es una salida graciosa, ni por deporte, ni por paseo”, pues en Nicaragua “la familia en el poder no garantiza en lo básico un clima para que población viva en libertad, sin miedo e incluso pueda trabajar libremente, de tal manera que en general el desplazamiento es un verdadero hecho donde la gente sale contra su voluntad”.
Carrión agradeció al pueblo de Costa Rica por recibir el éxodo nicaragüense, “nos abrigaron, nos abrazaron y nos salvaguardaron nuestra vida, nuestra libertad”. No obstante, insistió que los decretos anunciados podrían generar “mayor precariedad en las condiciones ya difíciles para mucha población nicaragüense que está acá en Costa Rica”.
“El Estado de Nicaragua expulsa a su población, a partir de 2018 lo viene haciendo de manera sistemática, se traduce en un Estado de terror. La familia Ortega-Murillo es la responsable máxima de esa persecución sistemática que no cesa y que hasta ahora está en la impunidad, hace que en Nicaragua tengamos un verdadero éxodo”, manifestó.
Por ello, el abogado cuestionó cómo las autoridades costarricenses distinguirán a la “población legítima y población ilegítima” que busca refugio en ese país.
“Cuál es la frontera que debilita esa división que hace que ‘la mayoría se aprovechan’ y apretaron ese botón para ‘abusar’ de la figura de protección, cómo se distingue”, preguntó.
LOS DECRETOS
Ayer, el gobierno de Costa Rica anunció una serie de cambios a los reglamentos migratorios con el fin de evitar lo que considera “abusos” en las solicitudes de refugio por parte de migrantes que no reúnen las características para optar por ese estatus.
“Estamos cerrando el abuso de una vez por todas. Costa Rica seguirá siendo un faro de seguridad y esperanza para aquellos que de verdad necesitan protección”, declaró el presidente Chaves, en la conferencia de prensa semanal posterior al Consejo de Gobierno.
Chaves firmó un decreto que reforma el Reglamento de Refugio y que establece que no se otorgarán permisos laborales a las personas solicitantes de refugio de forma inmediata, sino que deberán cumplir con un procedimiento interno de estudio.
A los migrantes solicitantes de refugio que ya cuentan con permiso de trabajo, se les renovará ese permiso solamente si se inscriben como trabajadores y cotizan ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Otro cambio es que toda nueva solicitud de protección internacional deberá ser presentada dentro de un mes natural a partir del día del ingreso de la persona a Costa Rica y que si el solicitante sale del país, las autoridades darán por terminado el proceso.
Asimismo, las personas solicitantes de refugio ya no podrán salir de Costa Rica por ningún motivo, mientras su solicitud se encuentra en trámite. De hacerlo, se entenderá como un abandono del proceso y se archivará en forma definitiva.
El presidente firmó otro decreto acerca de la Categoría Especial Temporal para Personas Nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela, la cual entraría a regir el 1 de marzo del 2023 y que dará un plazo a las personas de estas nacionalidades que no califican como refugiados o que tienen mucho tiempo en el país, para que regularicen su estatus migratorio en Costa Rica.