Denuncian “expulsiones violentas” y “robos de bienes personales” de personas que habitaban en casas confiscadas por Ortega
Más de 70 nicaragüenses opositores y críticos del régimen, condenaron las confiscaciones de las casas de los ciudadanos desnacionalizados, ordenadas esta semana por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En una declaración pública, publicada por CALIDH, los firmantes repudiaron “la ola de confiscaciones que viene consumando la dictadura de Nicaragua, como una forma de castigo, censura y venganza en contra de las voces críticas de las violaciones de derechos humanos que se vienen perpetrando desde abril de 2018”.
Denunciaron “la forma en las que se han practicado algunas confiscaciones, incluyendo expulsiones violentas de quienes habitaban los inmuebles, robos de bienes personales y el lanzamiento de enseres de quienes vivían en estas propiedades actos contrarios a la dignidad humana”.
Señalaron que estos ataques transgreden tanto derechos constitucionales como derechos inherentes al ser humano, no sólo el de propiedad, además los de seguridad jurídica, debido proceso, protección judicial, entre otros.
“La propiedad es un derecho inalienable de todas las personas físicas y jurídicas que no puede ser sujeta de arrebatamiento por parte del Estado sin una causa legítima motivada por la constitución, la ley y los tratados internacionales”, apuntaron.
Expresaron especial preocupación por los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y madres con niños en etapa de crianza por la situación de vulnerabilidad en la que quedan tras las expulsiones.
Asimismo, repudiaron las confiscaciones en áreas rurales que se cometen con mayor violencia e impunidad extremas y “manifestar nuestra profunda preocupación por la desterritorialización mediante el etnocidio que enfrentan día a día comunidades, pueblos y comunitarios indígenas del caribe nicaragüense”.
Los firmantes instaron a la comunidad internacional “mayor contundencia respecto de esta grave situación”.
