Defensores de los derechos humanos denunciaron este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la “colonización” en tierras indígenas de Nicaragua ha causado hambre, prostitución y muerte, así como desplazamiento forzoso en la zona Caribe.
La denuncia la hicieron durante una sesión de la CIDH titulada “Impacto de la colonización de los territorios indígenas de la costa Caribe de Nicaragua”, dirigida por la presidenta del organismo, Antonia Urrejola, y que contó con la participación de una representante del régimen orteguista.
“Cuando hay desplazamiento, las mujeres tienen una mayor carga y desamparo, muchas se ven obligadas incluso a la prostitución para tener algo de ingreso para llevar comida”, dijo el activista Juan Carlos Ocampo, de origen miskito.
Por su parte la defensora Lottie Cunningham, Nobel Alternativo de la fundación sueca Right Livelihood Award, recordó que la “colonización” ha dejado al menos 49 indígenas muertos en los últimos diez años, 46 secuestrados, cuatro desaparecidos y 1.000 miskitos desplazados de 12 comunidades con medidas cautelares de la CIDH y orden de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
“Queremos alertar a la CIDH y a la CorteIDH que Nicaragua no ha realizado acciones concretas para detener el desplazamiento forzoso, de que pueblos indígenas continúan perdiendo su territorio y no pueden realizar sus actividades tradicionales, como la pesca, la caza o sembrar sus alimentos”, sostuvo Cunningham.
Wendy Morales, procuradora general orteguista, afirmó que el régimen “sí ha realizado acciones para evitar el desplazamiento de los indígenas”, como la apertura de ocho juicios con 14 personas condenadas, la entrega de títulos de propiedad y delimitación de territorios, asignación presupuestaria, establecimiento de gobiernos territoriales y el establecimiento de la “participación ciudadana” en sustitución de las ONG.
Ocampo recordó que el régimen ha desplazado a los gobernantes indígenas para establecer autoridades ilegítimas.
“Muchos de los elegidos en nuestras comunidades son miembros del partido de Gobierno, y eso ha generado conflicto”, afirmó.
Morales, quien no quiso profundizar en el tema, negó la denuncia del indígena.
EXTERMINIO
La defensora María Luisa Acosta insistió en que los indígenas miskitos y mayagnas son objeto del “exterminio y genocidio” por parte del régimen orteguista, sea por acción u omisión.
“La intención de destruirlos total o parcialmente se puede infringir de las amenazas, las lesiones graves a la integridad física y mental de los miembros de estos pueblos, en los ataques sistemáticos perpetrados por grupos de entre 20 a 200 hombres con armas de guerra”, resaltó Acosta.
La procuradora orteguista, que insistió en negarlo todo, presentó como pruebas las leyes establecidas en el país para la protección de los territorios indígenas y artículos periodísticos recientes sobre acciones que supuestamente protegen a los nativos.
El relator de Derechos de los Defensores de la CIDH, Joel Hernández, mostró su preocupación por la situación más allá de las leyes vigentes en Nicaragua.
“Lo que está aquí subyacente son las actividades que están atentando contra indígenas (…) todo pueblo tiene derecho a desarrollo sustentable”, subrayó Hernández.
El régimen de Daniel Ortega ha sido acusado de sistemáticas violaciones contra los derechos humanos, que aparentemente se acentuaron durante las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018 y cuya represión causó 328 muertos según la CIDH.
Las confrontaciones entre los indígenas y Ortega datan de la década de 1980 del siglo pasado. Desde 2018 Ortega también está confrontado con un sector de los campesinos, estudiantes, académicos, trabajadores, empresarios o la Iglesia católica, que es mayoría en Nicaragua.
Los indígenas representan el 8% de la población nicaragüense, según datos oficiales.
*Con EFE