Nacionales / Salud y Vida · 10/09/2020

Denuncian vigilancia extrema a médicos para evitar filtración de datos del COVID-19 en Nicaragua

El doctor José Luis Borge, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN), denunció este miércoles que el régimen de Daniel Ortega tiene una “política de represión” y “vigilancia extrema” contra los médicos que laboran en hospitales públicos y centros de salud para evitar que estos filtren datos reales sobre la pandemia del COVID-19.

“Hay una política de represión, de vigilancia extrema, sobre el gremio médico independiente, en hospitales, en centros de salud, y a nivel general, para evitar que se dé la información real de la cantidad de casos y muertes por coronavirus”, dijo Borge, en una denuncia pública a través del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington.

Las cifras sobre la pandemia son motivo de discusiones en Nicaragua, ya que el Ministerio de Salud reporta 144 muertos y 4.818 casos confirmados, en cambio el Observatorio Ciudadano COVID-19, una red de médicos y voluntarios que da seguimiento a la emergencia sanitaria, ha contado 2.699 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 10.121 casos sospechosos.

Según la Unidad Médica Nicaragüense, la estrategia del régimen de Ortega es “favorecer el contagio y promover las aglomeraciones, donde es más fácil la transmisibilidad del virus”, con base en los llamados a que la gente concurra a actividades masivas que programa cada semana.

Borge, que ha denunciado sufrir asedio policial en las afueras de su vivienda, dijo que también hay persecución y presión contra los galenos.

“Se ejerce también la presión sobre los médicos y trabajadores de la salud, también con persecución policial en las calles, detenciones arbitrarias para revisar vehículos en busca de lo que llaman ellos materiales subversivos, como son las banderas de Nicaragua”, señaló Borge.

El cirujano también se quejó de la violación a los derechos humanos, libertad de expresión, libre movilidad, que se está ejerciendo sobre los médicos, fundamentalmente, y los trabajadores de la salud.

La denuncia fue divulgada horas después de que la Policía de Nicaragua capturara al médico patólogo Erick Barberena e intentara detener a su esposa, la doctora forense Julia González, pero al no encontrarla en su casa arrestó a un hijo de ambos. Horas después fueron liberados.

Entre mediados de marzo y agosto pasado, al menos 104 médicos y trabajadores de la salud han fallecido en Nicaragua a causa de la COVID-19, según el gremio.