Una fiscalía del distrito sur de la Florida acusó formalmente de lavado de dinero y soborno internacional a Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fue la enfermera de Hugo Chávez y luego Tesorera de Venezuela, por los delitos de soborno y lavado de dinero. También fue acusado su esposo, Adrián José Velázquez.
El caso tiene en el centro al presidente de la cadena adepta al chavismo Globovisión, Raúl Gorrín, quien habría pagado sobornos a distintos funcionarios venezolanos a dos ex tesoreros del país caribeño -Díaz entre ellos- para asegurarse los derechos para realizar operaciones de cambio de divisas a tasas favorables. El otro ex tesorero favorecido fue Alejandro Andrade Cedeno, quien en noviembre de 2018 fue sentenciado a diez años de prisión.
“Como parte de su declaración de culpabilidad, Andrade admitió que recibió más de mil millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros co-conspiradores a cambio de usar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de divisas a tasas favorables”, señala el Departamento de Justicia en un comunicado publicado este miércoles.
La justicia venezolana reclama la extradición de Díaz Guillén y Velázquez, quienes se encuentran en España, por presuntos delitos de blanqueo, asociación ilícita y malversación, en vista de que su nombre aparece en la investigación de los “papeles de Panamá” por, supuestamente, haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para “blindar” una fortuna no declarada, según la Fiscalía de Venezuela.
En febrero de 2019 la Audiencia Nacional española rechazó extraditarlo -junto a otra persona relacionada con la petrolera PDVSA- por posible vulneración de derechos fundamentales en el caso de ser entregados. La que fuera enfermera personal de Chávez alegó que con su entrega se pone en “grave riesgo” su vida.
En su recurso presentado años atrás, Díaz Guillén indicó que la petición de extradición por parte de Venezuela la hace un Estado “que no respeta los derechos humanos”, sancionado por la Unión Europea.
En 2018 la ex tesorera venezolana brindó una entrevista a la agencia española EFE, en la que se refirió al pedido de extradición por parte de las autoridades chavistas por los vínculos de su marido con la investigación de “los papeles de Panamá”: “No es un delito. Mi esposo crea cuentas en Panamá para preservar el patrimonio familiar por las inseguridades jurídicas, las fluctuaciones cambiarias, el acoso y las olas de secuestros. Pero solo dos. Las otras fueron creadas por una persona sin más, que usó sin autorización de él su pasaporte”. “También han dicho que yo tenía empresas en Panamá, y es totalmente falso, ni en Panamá ni en ninguna otra jurisdicción”.
Gorrín, cuyo paradero se desconoce, fue declarado fugitivo por las autoridades norteamericanas en septiembre de 2018.
El Departamento de Justicia dijo que Gorrín, propietario del canal de televisión venezolano Globovisión, y de la aseguradora Seguros La Vitalicia, fue acusado en agosto del 2017 en la corte del Distrito Sur de Florida por violar las leyes anticorrupción de Estados Unidos, conspiración y blanqueo de capitales, en el mismo esquema de Andrade y Gabriel Arturo Jiménez Aray, ex propietario del Banco Peravia en República Dominicana.
Andrade, por su parte, ingresó a prisión en febrero de 2019 para cumplir la pena de diez años. Después de ser el guardaespaldas de Chávez pasó a convertirse en tesorero nacional. A cambio de sobornos, el ex funcionario proporcionó acceso a los lucrativos intercambios de moneda extranjera del gobierno venezolano antes y después de la muerte del ex presidente en 2013, lo que le permitió a él y a otros altos funcionarios acumular una fortuna a expensas del pueblo venezolano, según los expedientes judiciales.
Los casos son parte del esfuerzo de fiscales federales para tomar medidas contra el uso del sistema financiero de los Estados Unidos para lavar y almacenar fondos producto de la corrupción en Venezuela, un país afectado por la hiperinflación y la recesión.