Yader Morazán, especialista en administración de Justicia, y ex funcionario del Poder Judicial en Nicaragua, afirmó esta semana que vendría una “ola de despidos” en ese poder del Estado, que afectaría incluso a “sandinistas y revolucionarios históricos” por haber votado nulo en las elecciones del pasado 7 de noviembre. A esto se suma las restricciones migratorias de facto contra funcionarios y sus familiares allegados al régimen de Daniel Ortega, luego que el gobierno de Estados Unidos vetara la entrada a altos funcionarios del país.
En entrevista con La Mesa Redonda, Morazán señaló que el régimen de Ortega ha impuesto el “terror” en las instituciones del Estado, para evitar una “implosión” en sus bases, y para prevenir que sus funcionarios salgan del país para denunciar las atrocidades cometidas por el régimen en Nicaragua.
“El mismo terror que se impone en las calles, es el terror con el que se está dirigiendo la administración pública a manera interna. Ahorita hay un proceso donde nadie confía en nadie y donde la indisciplina laboral se ha incrementado a unos niveles en que los nuevos nombramientos están bajo dinámica de ‘orejas’, y están incluso por encima de la jerarquía institucional. Ahorita el paramilitar recién nombrado tiene más poder que el que históricamente ha ocupado cargos de administración o de dirección dentro de una institución del Estado”, dijo el jurista nicaragüense.
Morazán exiliado en Estados Unidos e hijo de un excarcelado político, aseveró que actualmente existe una “radicalización dentro del Estado y quien no se somete dentro de esa realidad, se le está despidiendo”.
“Bajo ese mismo terror es una forma de administrar la cosa pública para ganar fieles y por otro lado comprometerlos”, apuntó.
“Este terror ya se estaba imponiendo antes de la elección, ha sido la nueva modalidad de gobernar que ha tenido esta gente. Después de las elecciones lo han radicalizado (el terror) porque ellos se han dado cuenta que las mismas bases que ellos consideraban fieles, los han traicionado. Conozco casos o historias de trabajadores del Estado que participaron en la contienda electoral y que dentro de las mismas Juntas Receptoras de Votos aparecieron votos nulos, esta realidad ellos la han palpado de primera mano y acordate que quienes están dirigiendo ahorita el Estado son los grupos más radicales que entraron después del contexto de abril”, destacó.
RESTRICCIÓN MIGRATORIA DE FACTO
El miércoles pasado, Morazán informó que varios funcionarios allegados al régimen orteguista y sus familiares, fueron impedidos de salir del país. La lista de nombres a quienes se les impuso “retención migratoria de facto” es grande, aseguró, pero que por razones de sigilo no puede ventilar.
Sin embargo, mencionó que entre los afectados están:
Álvaro Baltodano (Jr), ex embajador en México y representante de las inversiones de su padre el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, delegado presidencial para Fomento de las inversiones.
Leonel Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONIMIPYME), y directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN).
Aldo y Claudio Rappaccioli, empresario cafetalero y turístico, respectivamente.
Asimismo, el régimen no dejaba salir del país a Enrique Cuadra, hijo del Magistrado del Poder Judicial Armengol Cuadra, pero que “con las influencias de su papá lograron la ‘excepción’ para viajar hacia el Imperio, lugar donde se encuentra actualmente”, escribió Morazán en su cuenta de Twitter.
En este último caso, el abogado comentó a La Mesa Redonda que Enrique Cuadra “tuvo que pedir permiso y decir que su razón era estrictamente personal, que no venía a quedarse, tuvo que mover sus fichas para que le concedieran el permiso de salida”.
“Eso lo están haciendo de forma pareja y me imagino que lo van a incrementar con el estímulo que ha aprobado Biden que dice que todo aquel que se quiera separar de las filas de la corrupción, ellos están anuentes, por decirle así a tramitarle algún proceso de protección o de asilo en Estados Unidos”, subrayó Morazán.
El pasado 16 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prohibió el ingreso al país norteamericano a Daniel Ortega, a su mujer Rosario Murillo y al resto de sus funcionarios en Nicaragua.
“Restringir y suspender el ingreso a Estados Unidos, como inmigrantes y no inmigrantes, de miembros del Gobierno de Nicaragua, encabezados por el presidente Daniel Ortega, incluyendo a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y otros descritos en esta proclamación quienes formulan, implementar o beneficiarse de políticas o acciones que socaven o dañen las instituciones democráticas o impidan el retorno a la democracia en Nicaragua”, dijo Biden a través de una declaración publicada por la Casa Blanca.
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TEMOR A DENUNCIAS
A juicio de Morazán, las restricciones migratorias de facto van en consonancia con unas declaracionesque Rosario Murillo lanzó en abril pasado, dijo: “o nos salvamos todos o no se salva nadie”.
“Las palabras de Rosario Murillo que dijo ‘o nos salvamos todos o no se salva nadie’ obedece a eso (temor a denuncias). Pero antes de esta contienda electoral, ellos ya estaban quemando a los funcionarios. Por ejemplo, el Poder Judicial hizo actuaciones que nunca había hecho públicos y podés ver la reciente resolución que dictó apoyando una decisión político-gubernamental que eso nunca se había visto, incluso está dentro de las prohibiciones de los magistrados”, comentó.
El abogado advierte que, lo que el régimen ha hecho es tratar de “embarrar a muchos trabajadores, tratando de radicalizar, de comprometerlos” para evitar que vayan a denunciar en el extranjero lo que ocurre en Nicaragua.
Además, Morazán aclaró que estas restricciones migratorias violan el derecho constitucional y humano de circular libremente.
“IMPLOSIÓN” EN EL FSLN
El clima de “terror” impuesto por Ortega y Murillo en las instituciones del Estado y en sus bases dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha provocado una “implosión”, opina Morazán, y más a partir de la entrada política de Rosario Murillo en ese partido.
“Yo creo que el gobierno está fracturado desde antes de abril (de 2018), pero que está marcado de forma más rotunda desde abril, esa implosión interna, la erosión del Frente viene desde que Rosario Murillo ha liderado el Frente Sandinista como organización política; incluso hubo un resentimiento bien profundo desde que Rosario Murillo trató de sustituir las banderas roja y negras por banderas rosadas. Hay una militancia romántica que eso no lo ha visto con buenos ojos”, señaló.
El jurista observa “muy difícil” que los trabajadores del Estado “puedan romper las cadenas”; no obstante, asegura que el descontento “es bien grande, bien generalizado”, sobre todo después de abril de 2018.
“Dentro del Estado hay una gama bien alta de todo tipo de trabajadores. Lo que sí te puedo decir es que el Frente Sandinista es nocivo hasta para el Estado mismo, yo te aseguro que nadie quiere estar en medio de una fuerte presión como esa”, concluyó.