El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reforzará el gasto destinado a sus instituciones de control y represión en 2026, con un total conjunto de más de 12 mil millones de córdobas para el Ejército, la Policía y el Ministerio del Interior (MINT), según el anteproyecto del Presupuesto General de la República (PGR) divulgado por la Asamblea Nacional.
De acuerdo con el proyecto, los co-dictadores de Nicaragua propusieron asignar 12,981.1 millones de córdobas (unos 480.9 millones de dólares) a las funciones de orden público, seguridad y defensa, equivalentes al 10.6 % del gasto total del presupuesto nacional.
El incremento consolida la prioridad del régimen en el fortalecimiento de su aparato represivo y de seguridad, en un contexto marcado por aislamiento internacional, sanciones, denuncias por violaciones de derechos humanos y acusaciones de crímenes de lesa humanidad.
Ejército con el mayor aumento
El Ejército de Nicaragua, señalado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de haber participado en la represión de las protestas de 2018 y en ejecuciones extrajudiciales, será la institución más beneficiada. Recibirá 5,322.8 millones de córdobas (145.3 millones de dólares), un incremento del 25.46 %, el mayor entre los cuerpos de seguridad.
El aumento coincide con la renovación del mandato del general Julio César Avilés, sancionado por Estados Unidos y ratificado por Ortega en febrero pasado para continuar seis años más al frente del Ejército, sumando 21 años de permanencia en el cargo.
Más fondos para la Policía
La Policía, dirigida por Francisco Díaz, consuegro de Ortega y también sancionado por Estados Unidos, pasará de 5,048.7 millones de córdobas en 2025 a 5,622.3 millones en 2026, un aumento del 11.36 %.
El incremento consolida el papel de la Policía como principal brazo represor del régimen, responsable —según organismos internacionales— de detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales desde las protestas de abril de 2018.
El MINT también crece
El Ministerio del Interior (MINT), que administra el sistema penitenciario, migración y bomberos, pasará de 1,934.7 millones en 2025 a 2,049.9 millones en 2026, un aumento del 5.49 %.
Bajo la dirección de María Amelia Coronel Kinloch, el MINT ha sido clave en la represión carcelaria y el cierre del espacio cívico, al ejecutar cancelaciones masivas de ONG y negar pasaportes o salidas del país a ciudadanos considerados disidentes.
Mientras las instituciones de seguridad aumentan su presupuesto, los sectores de educación y salud registran crecimientos menores.
El proyecto de presupuesto será debatido en las próximas semanas en la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, y se espera que sea aprobado sin modificaciones.