La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) presentó su respuesta formal al Departamento del Tesoro y a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), como parte de la segunda fase de la investigación 301 sobre violaciones a derechos humanos, laborales y de libre competencia atribuidas al régimen Ortega-Murillo.
El presidente de AUN, Lesther Alemán, explicó que la organización ha dado seguimiento a este proceso desde enero, cuando brindaron testimonio inicial para el arranque de la investigación.
“Los hallazgos presentados nos sorprendieron por su contundencia; los respaldamos totalmente porque describen con claridad la magnitud del daño causado por la dictadura, no solo en materia comercial, sino en los derechos fundamentales de los nicaragüenses”, afirmó.
Derechos humanos: el punto más grave de la investigación
Alemán subrayó que el informe estadounidense documenta violaciones graves a derechos esenciales:
– El derecho a la vida,
– La libertad de prensa,
– La libertad de fe y credo,
– La libertad de asociación y movilización,
– La ausencia de garantías para el retorno seguro de exiliados,
– La desnacionalización de opositores.
“El crecimiento económico no puede analizarse aparte de las libertades. No puede hablarse de desarrollo cuando a los ciudadanos se les niega su derecho a disentir”, señaló.
AUN propone suspender préstamos y condicionar toda cooperación
Entre sus recomendaciones, AUN plantea la suspensión de nuevos préstamos o desembolsos internacionales al régimen, y que cualquier asistencia sea estrictamente condicionada al cumplimiento de garantías mínimas:
– Liberación incondicional de todos los presos políticos,
– Restablecimiento pleno de libertades civiles,
– Garantías para el retorno seguro de exiliados.
“Ese dinero no está beneficiando al pueblo; está alimentando la maquinaria represiva. No puede desembolsarse ni un dólar sin exigir derechos fundamentales”, dijo Alemán.
Sanciones al Ejército y a sus empresas
Alemán también insistió en que Estados Unidos y los gobiernos democráticos deben atender el rol del Ejército de Nicaragua, al que calificó como un actor central en la represión desde 2018.
Denunció su participación en tácticas de vigilancia, persecución y asesinatos, en coordinación con la Policía y grupos paramilitares. Por ello, AUN pide sanciones directas contra mandos militares y contra las empresas bajo control castrense.
“Estas instituciones, que deberían proteger la vida y soberanía del pueblo, se han prestado a arrebatarla”, afirmó.
Exigen plena implementación de la NICA Act y RENACER
AUN también solicitó a Washington la aplicación estricta de leyes ya vigentes, como la NICA Act y la Ley RENACER, para frenar los flujos financieros que sostienen al régimen.
“Son herramientas claras para cortar los ingresos que permiten la persecución, intimidación y amenazas contra la población”, enfatizó.
Llamado a abrir canales humanitarios y permitir acceso a presos políticos
La organización propuso además que los gobiernos democráticos y organismos internacionales trabajen para reabrir canales humanitarios, permitir el acceso a los presos políticos y exigir el retorno de la Cruz Roja Internacional para verificar condiciones y asegurar pruebas de vida.
“Ortega es el único responsable de esta crisis”
Alemán cerró señalando directamente al dictador nicaragüense:
“Daniel Ortega es el único responsable de que el país esté arrastrado a estas decisiones drásticas. No pensamos solo en quienes pueden perderlo todo, sino en quienes ya lo perdieron: su vida, su libertad, su familia y su país”.
La denominada Sección 301 de la Ley Comercial de 1974 permite al USTR abrir investigaciones sobre las prácticas laborales, comerciales y el clima de libertades en un socio comercial.
En ese sentido, Estados Unidos estudia suspender los beneficios exportadores de Nicaragua y aplicarle aranceles de hasta 100% a causa de las violaciones de derechos laborales y humanos, según un informe oficial de la Oficina del Representante Comercial (USTR).