La crisis humanitaria que atraviesan las mujeres indígenas nicaragüenses fue puesta nuevamente en evidencia durante la reciente transmisión de La Mesa Redonda dirigida por el periodista Sergio Marín Cornavaca, en la que la socióloga Elvira Cuadra, directora del CETCAM, presentó los hallazgos del estudio “Mujeres indígenas nicaragüenses desplazadas en Costa Rica: lo que sienten, piensan y han vivido”.
Según el mapeo —el primero de su tipo enfocado específicamente en mujeres indígenas desplazadas— al menos 678 mujeres miskitas, mayangnas y ulwas fueron identificadas en cuatro zonas de San José: Pavas, Alajuelita, Purral y La Carpio.
El número real podría superar con facilidad el millar, revelando una tendencia acelerada de desplazamiento forzado en los últimos dos años.
Violencia de colonos y abandono estatal: el origen del éxodo
El estudio muestra que la mayoría de las mujeres huyó de la violencia extrema de colonos armados, invasores que destruyen bosques, desplazan comunidades enteras, cometen asesinatos y ejercen violencia sexual contra mujeres y niñas.
La ausencia total de protección estatal agrava la crisis. Las comunidades han denunciado durante años que el régimen Ortega-Murillo no brinda resguardo, ignora las alertas y garantiza impunidad a los perpetradores, a pesar de que la ley reconoce los territorios indígenas como zonas protegidas.
El crecimiento del desplazamiento coincide con cambios legales impulsados por la dictadura, como la Ley de Territorio Fronterizo, que despoja de facto a comunidades indígenas y afrodescendientes de 15 kilómetros de su propia tierra.
La tragedia continúa en Costa Rica: racismo, pobreza extrema y exclusión
Una vez en Costa Rica, las mujeres enfrentan nuevas formas de vulnerabilidad. El estudio señala que casi la mitad vive en condiciones de precariedad severa, en viviendas sin servicios básicos y con acceso limitado a salud y educación.
Solo el 2% logra acceder a empleo formal, lo que las obliga a depender de trabajos informales, mal remunerados, o de sus parejas, muchas veces en situación laboral igualmente precaria.
Las barreras idiomáticas y culturales —incluyendo la discriminación por hablar miskitu o por su color de piel— dificultan gestionar trámites, solicitar refugio o acceder a servicios públicos esenciales.
En los centros médicos y en instituciones públicas, muchas reportan trato discriminatorio, negación de atención y violencia institucional, situación que pone en riesgo a mujeres, niñas y niños.
Un desplazamiento familiar masivo y acelerado
El promedio de cada núcleo familiar desplazado es de cuatro a cinco personas, la mayoría niños menores de 18 años.
Los datos indican tres oleadas de llegada:
- 8% antes de 2018
- 40% entre 2018 y 2022
- 53% entre 2023 y 2025
Esto, confirma que el desplazamiento se ha intensificado drásticamente en los últimos dos años
Racismo cotidiano y riesgo de separación familiar
Las mujeres relataron haber sufrido humillaciones en instituciones públicas por no hablar español.
La falta de información y el desconocimiento del sistema costarricense también las expone a riesgos como la posible separación de sus hijos por intervenciones del PANI, algo que ya ha ocurrido en algunos casos según el informe.
Organizaciones como CETCAM, CISAS e IMATKUMN brindan acompañamiento, pero la magnitud de la crisis supera con creces las capacidades actuales.
Lo que ellas piden: autonomía, trabajo y reconocimiento
Las mujeres indígenas desplazadas no piden asistencia temporal. Reclaman oportunidades reales para reconstruir su vida con dignidad:
- acceso a microcréditos,
- talleres productivos y capacitación técnica,
- reconocimiento de sus estudios,
- programas para emprendimientos sostenibles,
- sensibilización institucional para erradicar el racismo estructural.
Una crisis doblemente invisibilizada
La socióloga Elvira Cuadra subraya que las mujeres miskitas sufren una doble tragedia: primero, la violencia letal en sus territorios; luego, la vulnerabilidad extrema en el exilio.
El periodista Sergio Marín destacó que esta crisis permanece invisible para gran parte de la sociedad, a pesar de su gravedad y urgencia humanitaria.
Un llamado urgente a Costa Rica, organismos internacionales y la ciudadanía
El informe concluye que Costa Rica debe reforzar sus políticas de protección, asegurar traductores en instituciones públicas, agilizar procesos de refugio y garantizar el acceso a educación y salud sin discriminación.
Asimismo, pide a organizaciones internacionales visibilizar la crisis, apoyar emprendimientos de mujeres indígenas y proteger a las comunidades frente a riesgos de explotación, violencia y pobreza extrema.